René Mauricio Mejía.
El juicio abreviado en el caso “destape a la corrupción” mediante el cual el Fiscal Douglas Meléndez pretende acelerar el cierre del proceso contra el ex presidente Antonio Saca, ha tomado un giro que el señor Fiscal no previó, al grado que durante la confesión del ex presidente del COENA, el auxiliar de la Fiscalía intentó detener la declaración, pues lo expresado por el señor Saca, no coincidía con el acuerdo previo; que de seguro no contemplaba la afirmación de que el partido ARENA es destinatario de una parte de los 301 millones de dólares que el Fiscal General aseguró fueron desviados y lavados durante la administración del cuarto gobierno de dicho partido.
En el marco de la detención del ex presidente Saca, el Fiscal aseguró que tenía suficientes elementos para fundamentar el desvío de los 301 millones de dólares; ahora luego de casi dos años de investigación el Fiscal justifica el juicio abreviado por su temor a que los imputados quedasen libre si al vencerse el 5 de noviembre el plazo de su detención, no hubiese logrado una condena; la primera duda que surge es que sí ese escenario era muy posible, por qué Antonio Saca y su defensa, no le apostaron a esa posibilidad, de seguro que algo obscuro que les convenía a las partes les motivó a optar por el juicio abreviado, que no obstante ser legal y posiblemente lleve a la condena de los imputados, deja un mal precedente por el bajo nivel de recuperación del patrimonio público sustraído, aspecto que aún deja un alto nivel de impunidad, que motiva la protesta generalizada de diversos sectores sociales, políticos, académicos, profesionales y populares.
De lo confesado por el ex presidente arenero, está claro que él acepta que se benefició de fondos públicos; pero que los 301 millones no los tomó sólo para él; ya que repartió entre funcionarios de su gabinete; entre varios periodistas, agencias de publicidad y su partido ARENA, cuya dirigencia actual en un acto desesperado para desviar la atención, pide que la fiscalía investigue a su ex presidente por el delito de asociación ilícita; en el cual no dudamos también saldrán salpicados miembros de ARENA que actualmente fungen como diputados o son funcionarios de dicho partido.
Consideramos que el Fiscal Douglas Meléndez, a partir de lo declarado por el expresidente Saca, tiene la obligación de abrir de oficio la investigación de los destinatarios de los fondos públicos provenientes de los 301 millones que según la fiscalía, Antonio Saca desvió durante su administración a fin de que la impunidad no prevalezca en beneficio de estos destinatarios.
