Ricardo Martínez Martínez.
Durante la primera década del siglo XXI, los precios internacionales de oro y plata aumentaron vertiginosamente ante el declive de los mercados financieros y los signos cada vez más reiterativos de la gran depresión económica mundial que aún seguimos padeciendo tras el colapso en 2008 de los bancos estadunidenses.
La fiebre del oro generó una carrera tecnológica por extraer el mineral codiciado al costo que fuera. Las empresas mineras canadienses, inglesas, australianas y británicas comenzaron una cruzada de despojo de tierras en el planeta presumiblemente ricas en metales e implementaron mecanismos sofisticados de extracción a cielo abierto con el uso de cianuro y otros químicos corrosivos y contaminantes, además del uso sin límite de grandes cantidades de agua necesarias para lavar rocas y extraer el metal.
En El Salvador, la empresa canadiense Pacific Rim, entre otras, obtuvieron licencias de exploración en varias zonas del país. A pesar de que no tenían permisos de explotación, los gobiernos de la ultra derechista Arena permitieron subrepticiamente hacer pruebas en los Departamentos de Cabañas, Chalatenango, Morazán y la Unión. Las empresas implementaron ilegales mecanismos de extracción contaminando tierras y mantos acuíferos. En el año 2005, Pacific Rim aceleró su agresivo y silencioso saqueo en El Dorado, municipio de San Isidro, Cabañas, extrayendo el agua del subsuelo y envenenando las tierras, azuzando a los pobladores, persiguiendo las disidencias y reprimiendo a las comunidades afectadas.
Allí, el rostro característico del extractivismo fue el despojo de tierras, la contaminación medioambiental, la explotación natural, la persecución sin límites y los crímenes de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto. El extractivismo significa arrancar con violencia los recursos naturales y, de hecho, así lo impusieron en el país centroamericano.
Gracias a la lucha por casi dos décadas de las comunidades de Cabañas y movimientos ambientalistas, se aprobó en 2017 la ley que prohíbe la minería metálica en sus fases de exploración, explotación y uso de sustancias tóxicas.
En la actualidad, la fiebre del agua también representa una nueva amenaza en el mundo y particularmente en El Salvador. Así como el despojo de tierras por la minería, las empresas financieras, agroindustriales, extractivas y comercializadoras buscan privatizar el vital líquido. Se trata de un nuevo despojo. Amagan con el bloque de diputados de derecha en la Asamblea Legislativa y proyectan imponerse, pese a la resistencia social, política, popular y ciudadana.
En El Salvador la alerta está encendida. El movimiento social y popular cuenta con una trayectoria importante, pero aún es limitada. En el nuevo contexto político, sobre todo en el parlamento, la correlación opositora a la privatización al agua también es limitada.
La construcción de un gran movimiento de carácter nacional es necesaria y urgente. Sin pérdida de tiempo, la oposición al despojo del agua debe de extenderse en los territorios, regionalizarse, zonificarse y multiplicarse. En un deber oponerse a la violencia extractivista de los recursos naturales.
