Venezuela atraviesa por un complejo conflicto social que enfrenta a su pueblo dividido en dos posiciones; una inspirada en la revolución bolivariana que impulsa un proyecto popular inspirado en el Socialismo del Siglo XXI, respaldado mayoritariamente por el pueblo en varias elecciones y consultas populares y otra, inspirada en el capitalismo neoliberal, impulsada por sectores de derecha, ligados al interés del poder económico imperial de los Estados Unidos, que pretende un dominio de los recursos naturales venezolanos, entre los que se cuenta la mayor reserva de petróleo en el mundo.
Con las reglas de la democracia vigentes en la Constitución Venezolana, la revolución bolivariana iniciada por Hugo Chávez y continuada por Nicolás Maduro, no ha sido vencida y ante esta incapacidad de la derecha venezolana, con el apoyo de los sectores más conservadores de los Estados Unidos se pone en marcha un plan para derrocar al Presidente Constitucional Nicolás Maduro; que incluye: un bloqueo comercial para generar un artificioso desabastecimiento, una desestabilización interna permanente con movilizaciones pagadas; promoción de un aislamiento diplomático del presidente Maduro, dándole reconocimiento al autoproclamado presidente encargado, el diputado Juan Guaidó, quien no oculta su alineamiento con los planes de agresión de Donald Trump; confiscación millonaria de cuentas bancarias estatales; inducción abierta a las fuerzas militares y policiales venezolanas para que den un golpe de Estado y envío de ayuda humanitaria para disfrazar la intervención y legitimar acciones de Guaidó.
A la fecha nada de las anteriores acciones ha provocado la caída de Nicolás Maduro, por lo que la carta de ocupación militar estadounidense está como una opción declarada por Donald Trump, la cual ha sido tajantemente rechazada por la mayoría de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, convocado este 26 de febrero, por los Estados Unidos para discutir por segunda vez la situación de Venezuela.
Congruente con el rechazo a la salida militar, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, ofreció su país para que las partes en conflicto se reúnan y por medio del Mecanismo de Montevideo, entre venezolanos encuentren una salida civilizada y pacífica, siguiendo las fases de dicho mecanismo que incluye: diálogo inmediato entre Gobierno y oposición; toma de acuerdos producto de un proceso de negociación; declaración de compromisos de ambas partes y ejecución de dichos compromisos.
El diálogo y la negociación han mostrado su eficacia en diversos países en los que la polarización social y política ha llegado a extremos de confrontación entre civiles; así lo indica el caso de El Salvador y el de Colombia, país que recibió el respaldo de Cuba para su proceso de diálogo con las FARC; por lo que su Presidente Iván Duque Márquez no debería prestarse a ser puente de la agresión extranjera contra Venezuela y por el contrario debería de unirse a la comunidad internacional que rechaza la intervención militar.