(Por: Luis Arnoldo Colato Hernández, educador)
El sistema de justicia existe para impartirla, de manera pronta, eficaz, independiente y por sobre todo, de acuerdo a las leyes vigentes, no admitiendo transgresiones por ella misma.
Es decir, no tolera la inequidad derivada de privilegios, costumbres, clases o interés de evadirla, encontrando los medios para imponerse de acuerdo a los cánones que admite y con el propósito último de impedir su evasión.
Bella ilusión.
Aunque la teoría resuma hermosos versos que evocan la justicia infantil, lo cierto es que la realidad está alejada de ésta, porque la praxis se opone a la teoría y naturaliza la evasión de la norma.
En los días pasados para el caso, hemos conocido de un proyecto para evadir la persecución de los crímenes del conflicto armado de los 80´s al que rápidamente se plegó toda la derecha legislativa, y que en esencia anula cualquier penalidad por los agravios al pueblo salvadoreño.
Es decir, busca consumar judicialmente lo que ha sido la práctica, y que es la naturalización de estos en aras de la «convivencia social».
Al margen de toda elucubración moral y ética a propósito, lo cierto es que esto equivale a la más pura transgresión de la norma para conservar la impunidad de quienes desde el Estado, cometieron atrocidades durante el conflicto armado, derivando en la legitimación de todo delito cometido por razones políticas.
Grave precedente.
Actualmente tenemos 2 casos que ejemplifican el punto, y que son el del ex capitán Álvaro Saravia, y el del magistrado Escalante Díaz.
En el primero vemos a la FGR aplicarse para desentrañar los hechos del asesinato del obispo Romero, ahora, Santo de las Américas.
Sin embargo, los hechos y pormenores del mismos [reconocidos por el indiciado en entrevista publicada en El Faro, en 2010], así como por las investigaciones judiciales, o las del Vaticano, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de forma separada señalan a Roberto D´Abuisson como autor intelectual, y a Walter Antonio Álvarez, o Álvaro Merino Acosta, uno de ambos, como ejecutor de monseñor.
Recordemos que apenas una semana luego del asesinato, D´Abuisson y sus compinches fueron capturados mientras planificaban un Golpe de Estado, recuperando además documentos que describen la planificación y realización de la operación «Piña», como se identificó aquel asesinato.
Ya desdé entonces, desde marzo de 1980, la justicia salvadoreña detenta certeros indicios de la autoría, ejecución, financiamiento y pormenores del hecho.
En el segundo caso tenemos a un indiciado de pederastia, capturado infraganti y entregado a la Asamblea legislativa.
Sin embargo la estrategia de posponer su proceso solo busca el «enfriamiento» del mismo, lo que tiene el propósito de evasión.
Ambos exponen crudamente al sistema por su incapacidad de aplicar justicia, pues procura conservar privilegios de clase como su consecuente impunidad, lo que ningún proceso artificioso superará, pues es originario, lo que impone la urgente tarea de reiniciar al sistema saneándolo y descontaminando, lo que no será fácil, o rápido, por lo que construir los convenios que así lo permitan no puede, no debe esperar más.
