(Por: Luis Arnoldo Colato Hernández, Educador)
Considerando lo abundante del recurso hídrico en nuestro país, con una precipitación anual de 1800 mm, que suponen una teórica disponibilidad por habitante de 8000 litros por ciclo anual (PNUD), queda estimar que la carencia del recurso se debe a la mala gestión del mismo, lo que nos ubica en una pésima posición por el pobre acceso poblacional al agua.
Sin duda para no desentonar con las otras inequidades que padecemos en nuestro país [desigual acceso a la justicia, a la educación y por supuesto a la riqueza, seguridad y bienestar]. Sin embargo, es menester el abordaje de otras variables para comprender el fenómeno.
Llama la atención en ese sentido, como en los últimos días de la presente administración de repente el sistema falla, faltando por doquier el agua, así como las legítimas protestas arrecian, admitiendo por ello la administradora que hasta un millón y medio de ciudadanos la carece, lo que obligó la declaración de alerta, que es inédito en la historia del país.
Por supuesto para quienes decidimos ser mal pensados ello obliga recordar como las telecomunicaciones y pensiones, para citar solo dos ejemplos, fueron socavadas intencionadamente por sus propias administraciones, para justificar así las privatizaciones que les siguieron, cuyas historias conocemos y padecemos.
Es decir, en el caso presente y bajo las actuales circunstancias, una suerte de plan “B”, algo así como “…ya vieron, se los dije: el Estado es un muy mal administrador de los bienes públicos, para corregirlo la gestión debe ser privada…”, decurso de quienes siguen y seguirán interesados en ésta como en otras privatizaciones cuya intencionalidad última siempre será el beneficio de las élites, mientras la población carga con el coste de tales medidas.
Entonces, si aceptamos la tesis de una “simple y mala gestión”, pasamos por alto comprender que se hace el 56% del recurso servido por la administradora – pérdida absoluta pues su coste no se reporta, así como porque se derrocha en las malas conexiones -, perdido en un sistema ya colapsado, pues su vida útil acabó, así como por las conexiones ilegales a las que no se atacan procurando sí su legalización.
En el caso del financiamiento de parte del gobierno central, no llega, o llega a cuentagotas, o no oportunamente, pues desde el legislativo se ha mantenido una sostenida campaña de negación de recursos al MINGOB, con el propósito de impedir, reducir o minimizar su funcionamiento, lo que es respaldado desde el judicial, alineado con ello, a favor de las élites y en contra de la población.
Digámoslo entonces con simpleza: Existe el recurso, en abundancia; si se lo gestiona sin los vicios del mercantilismo y la politiquería, abordando con visión de nación y en interés público, comprendiendo que es un recurso finito como todo en la naturaleza y por tanto fundamental que su administración sea de carácter público, podremos entonces darle el debido manejo asegurando su sostenibilidad, garantizando que será heredado responsablemente por quienes nos seguirán.
Si no es así, nos espera el oscuro presente de Johannesburgo {Día 0}.