(Por: Luis Arnoldo Colato Hernández)
Desde la firma de los acuerdos de paz que dio por concluido el conflicto interno que enfrentamos en la década de los 80´s, la reparación a las víctimas del mismo, acordados entre los firmantes fue pospuesto por las diferentes administraciones desde entonces y hasta hace 10 años, cuando la administración pública es asumida por una primera gestión progresista, continuada por la presente, iniciando una serie de acciones orientadas a rescatar primero la memoria histórica, siguiendo con la atención de los sectores desmovilizados, etcétera, quedándose cortos en estos propósitos, conformándose así una de las mayores y más graves deudas históricas que el estado salvadoreño posee.
Ello porque las denominadas “victimas” lo son no porque ellas quieran gustosa y deportivamente denominarse así, sino porque fueron reducidas a esa condición mediante la violación sistemática de sus derechos más fundamentales.
Es decir, fueron torturados, detenidos arbitrariamente, desaparecidos, asesinados, y un largo etcétera, todo desde los activos del estado, que en nombre de la democracia, actuaron bajo el amparo del estado.
Es importante recordarlo dado que, transcurridas las décadas, la sociedad salvadoreña a olvidado porque son víctimas, pero además, que su dolor sigue vigente en el presente porque no se les ha brindado ninguna satisfacción, pues desde los aparatos judicial y político se les ha negado sistemáticamente la reparación.
Esta particular situación se agrava cuando se les revictimiza desde los mismos sectores, pues estos aparentando el cumplimiento de lo ordenado desde la corte suprema, [anulando la amnistía] – y cumpliendo las obligaciones internacionales contraídas por el estado salvadoreño en materia de derechos humanos, largamente pospuestas por las gestiones de derecha – en el presente se esfuerzan mediante un nuevo ejercicio político por recrear una nueva amnistía, más cruda que la anterior pues es un descarnado alago a la impunidad, que “pide permiso a los victimarios” para procesarlos con los dados ya cargados.
Esto porque hasta la tarde del jueves 23, la masiva presión civil e internacional, concretamente de Michelle de Bachelet, alta comisionada de derechos humanos de la ONU, no hizo ninguna mella en la comisión de la asamblea que se disponía en aquel momento aprobarla a pesar de la pública denuncia de algunos de sus miembros que rechazaron firmarla por el contenido del documento que estaban ya por pasar a plenaria, y que solo fue frenada por un único tweet proveniente de la embajada estadounidense, en la que se hace un repaso de las condiciones en la que ésta aceptará la nueva legislación tocante a la superación de la amnistía.
Debemos entonces recordar una elemental sentencia, y que es, “…los pueblos que olvidan su historia, se encuentran irremediablemente condenados a sufrirla de nuevo…”, llanamente porque les fue oneroso afrontarla, o porque simplemente les fue más cómodo así.
Entonces es pertinente que la tal comisión recuerde que representa al pueblo, y que es el pueblo, concretamente las víctimas, quienes deben pronunciarse en torno al contenido de la legislación en cuestión, y no los grupos de poder quienes fueron, y son, responsables de aquella sangría.
