Entre muchos eventos ocurridos el 12 de julio llamamos la atención sobre tres hechos muy relacionados con el drama que cotidianamente vivimos los salvadoreños.
1. A temprana hora, cerca de las 8.30 am, una explosión en un establecimiento proveedor de gas, ubicado en una zona populosa frente a la unidad de salud Zacamil; puso en evidencia la vulnerabilidad con la que se distribuye este producto de consumo doméstico. Los daños materiales son altos pero recuperables, no así, las vidas de valiosos salvadoreños que tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar, día y hora equivocada.
La respuesta de auxilio de parte de autoridades municipales y del gobierno central fue elocuente, en tanto el alcalde de Mejicanos y los ministros de salud, defensa y seguridad, estuvieron en el lugar para auxiliar, con su personal de apoyo y establecer el tipo de ayuda futura a los afectados.
A un elevado costo social, la lección aprendida, es que la distribución de este tipo de producto de alta peligrosidad, insertado en zonas urbanas, tiene que ser supervisado con verdadera rigurosidad, para evitar nuevas tragedias, pues es evidente que cada establecimiento que no reúna las condiciones mínimas de manejo seguro, se constituye en una bomba de tiempo.
2. También este doce de julio, por órdenes del presidente Donald Trump, comenzaron las redadas, arrestos y deportaciones de inmigrantes a nivel nacional en los Estados Unidos, aumentando el sufrimiento de millones de hispanos, entre ellos miles de salvadoreños que por ser considerados una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza de los Estados Unidos, son perseguidos.
La dura lección en este hecho, es que para la administración Trump no hay gobierno ni pueblo amigo, por lo que nuestro gobierno tiene el gran desafío de oponerse a la acciones antiinmigrantes estadounidenses e impulsar una política de protección de aquellos valientes compatriotas que se arriesgan a buscar la oportunidad que aún no es posible hallar en nuestro querido El Salvador.
3. La Sala de lo Constitucional, informó este doce de julio que concede 4 meses de prórroga a la Asamblea Legislativa para que elabore y apruebe la ley nacional de reconciliación, plazo que vencerá el 13 de noviembre de 2019.
La lección aprendida para esta tarea legislativa, es que por las heridas aún abiertas que dejó el conflicto armado, no será fácil lograr formular y aprobar una ley que satisfaga de forma completa a los representantes actuales de las víctimas y familiares de las partes que estuvieron en el conflicto, quienes reclaman por igual que no haya una amnistía amplia, absoluta e incondicional; que se juzgue a los responsables de crímenes de lesa humanidad y que se aplique una efectiva justicia transicional y restaurativa que coadyuve a la reconciliación nacional.
Estos tres hechos que constituyen parte del drama vivo de los salvadoreños nos deben servir para esforzarnos y luchar por mejorar nuestra calidad de vida.
