A 100 días de iniciada la gestión del presidente Nayib Bukele, la Mesa de Protección a Periodistas percibe mayores vulneraciones a la prensa. El caso más reciente es el bloqueo de los medios digitales Factum y El Faro a la conferencia de prensa donde Bukele presentaría la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador, CICIES. Según dijo la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, anteriormente ya les había negado el derecho a preguntas en algunas conferencias de prensa.
Luego de haberles negado el acceso a la conferencia de prensa, la Presidencia de la República generó un comunicado que fue retomado por el presidente “en el que se refiere de forma burlesca a estos medios de comunicación”, señaló Cárcamo. A la vez lamentó el tipo de comentario hecho por el presidente y señaló que “no es la actitud de un funcionario de gobierno referirse de esa forma a los periodistas”.
A la Mesa de Protección a Periodistas también le preocupa las restricciones de la cobertura periodística sobre hechos de violencia. El centro de monitoreo de agresiones contra periodistas de APES ha registrado 3 casos de este tipo de restricciones. “ La prensa llega al lugar del hecho, como siempre la mayoría documenta con fotografías y videos, pero la Policía le empieza a obligar a periodistas, los obligan a que borren dichas imágenes y en algunos casos les están pidiendo el Documento Único de Identidad para tomarles fotografías y luego los están amenazando”, dijo la presidenta de APES. Estos casos han llevado a solicitar una reunión con el Ministro de Justicia Rogelio Rivas. Pero desde agosto que se hizo la petición no han obtenido respuesta.
Por su parte, Carlos Rodríguez procurador adjunto de derechos civiles de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se refirió a la falta de equidad en los espacios de entrevistas. Al haber preferencias en dar información a ciertos medios se limita la capacidad de difundir la información a los ciudadanos. Ante esta situación recomienda al Presidente la creación de una política de comunicación pública de medios que garantice el acceso a la información a todos los sectores de la sociedad.
“La mayoría de funcionarios del nuevo Gobierno participan en tres cadenas principales de medios y en menor cantidad en otros medios. Eso es grave en el sentido de que al ser restringido los espacios en que funcionarios públicos rinden cuentas o tienen la posibilidad de intercambiar con periodistas, está concatenada en limitaciones al derecho a acceso a la información que tienen todos los ciudadanos”, dijo el procurador adjunto.
Según la Mesa de Protección a Periodistas durante esta gestión han aumentado las expresiones de odio en redes sociales. Del 1 de junio al 31 de agosto el Centro de monitoreo de APES ha registrado 4 expresiones de odio contra periodistas al mostrar una postura crítica al Gobierno.
En los primeros 100 días de gobierno han sido despedidos 46 periodistas y profesionales de la información, pero el Ministerio de trabajo ha hecho inspecciones sólo en algunos medios y ha dejado fuera a otros.
La Mesa también señaló la falta de transparencia de la pauta gubernamental, la estrategia de comunicación limitada y excluyente y la falta de transparencia y acceso a la información pública de parte del actual Gobierno.
