La Ley actual de la Corte de Cuentas tiene 23 años, de ahí que la presidenta de la institución, Carmen Elena Rivas, planteó esta semana la necesidad de reformas que respondan a la evolución y modernización de los procesos de fiscalización y a los cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos.
Por ahora hay limitantes para auditar a entes privados que reciben fondos públicos, únicamente se audita el ejercicio en que se efectuó el aporte y el uso del monto.
La presidenta de la Corte de Cuentas dijo que con las reformas se busca auditar los fideicomisos y subsidios que se otorgan a entes privados: “Pretendemos ir a ONG’s que administran fondos públicos, ir también al resultado no solo a la parte de fondos que se transfieren, sino revisar si el objetivo y metas para el cual fueron otorgados los fondos se han cumplido”, explicó.
La ley faculta a la Corte de Cuentas para auditar a las embajadas y consulados. Ya se han destituido a dos cónsules a quienes se les ha seguido juicios de cuentas. Sin embargo, durante los últimos dos años no se han auditado a las embajadas por falta de recursos, confirmó Rivas.
“Estamos todavía en esa evaluación. Recordemos que eso genera costo adicional, hay que pagar viáticos y todos los gastos a los auditores que van; sin embargo cuando se tiene alguna denuncia se realizan”, dijo la presidenta de la Corte de Cuentas.
La propuesta de reforma a la Ley de la Corte de Cuentas fue presentada en julio de este año.
