El Independiente supo, este fin de semana, que el banco Davivienda al conocer la resolución del juez 1° de lo Mercantil en donde se nombra el juez ejecutor del embargo de 49 millones a favor del cafetalero Antonio Salaverría, activó una serie de artimañas y presiones, intentando revertir la “cosa juzgada”.
Todo el proceso judicial ha sido ganado por Salaverría en la instancia civil, al verse derrotados los abogados de Davivienda interpusieron un recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, intentando se suspenda el “acto reclamado”. Nuestras fuentes nos informan que ante la inminencia del embargo el banco transnacional Davivienda ha utilizado, este fin de semana, hasta embajadores acreditados en el país intentando manipular a magistrados de la Sala de lo Constitucional.
El juez Primero de lo Mercantil ordena que el ejecutor debe embargar bienes del deudor hasta una tercera parte más de lo reclamado a fin de responder por los intereses y costas procesales. Si los bienes que se embarguen fuesen divisibles o de cómoda división y el fundo de todo si no lo fuesen, debiendo depositar lo embargado en persona que reúna los requisitos de ley.
El oficio fue girado el 13 de noviembre y en el mismo se le pide al juez ejecutor Carlos Alberto Vides Cienfuegos, que con las conformidades de ley trabe el embargo de forma formal contra Davivienda.
Lo que busca el banco es revertir el histórico fallo en su contra. La transnacional, según nuestras fuentes, pretende que se modifique la agenda de la reunión de la Sala de lo Constitucional, a efecto de que sorpresivamente se introduzca una medida que suspenda el embargo ordenado al banco.
Diversos especialistas en materia jurídica consultados por El Independiente sostienen que si la Sala de lo Constitucional resuelve por presiones contra providencias de otra Sala, estaríamos a merced del poderío económico y “sería un escándalo de dimensiones impensables”
