Decenas de miles de personas cargaron sus pocas pertenencias a la espalda y en ocasiones junto a sus familias huyeron de la violencia y la pobreza en varios países de América Latina, emprendiendo un largo camino plagado de inseguridad con un destino incierto.
En un fenómeno atípico para el continente americano, multitudinarias caravanas partieron desde El Salvador, Guatemala y Honduras en los últimos meses de 2018 con destino a EEUU y se intensificaron en los primeros meses de este año, llevando a Washington a declarar una crisis en la frontera con México y a presionar a los países centroamericanos para contener la migración.
«La estrategia de las caravanas de viajar juntos muchas personas tenían que ver con dos objetivos principales: visibilizar esta huida masiva de personas de Centroamérica y por otra parte viajar juntos y protegidos por las amenazas del crimen organizado», comentó el analista argentino Pablo Ceriani Cernadas.
En América del Sur, miles de venezolanos partieron al exilio a causa de la crisis política y económica que vive el país, y su masiva llegada a las naciones vecinas superó la capacidad de respuesta de los Gobiernos.
«El caso de Venezuela, a diferencia de Centroamérica, no necesariamente responde a un fenómeno estructural de larga data, pero también es un desplazamiento de población masivo en pocos años, de 2015 a la fecha, y la región en tres o cuatro años nunca tuvo un desplazamiento de esa masividad, es algo inédito en la historia de América Latina», dijo el abogado y Director de la Especialización en Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús.
Las imágenes de caravanas migratorias repletas de mujeres y hombres con niños subidos a acoplados de camiones, colgando en vagones de trenes o simplemente caminando, tomaron por completo las primeras planas y pantallas de todo el mundo a principios de 2019.
«Desigualdad, exclusión, debilidad de las instituciones democráticas, corrupción, asimetrías profundizadas por los tratados de libre comercio, exclusión de pueblos indígenas —especialmente en el caso guatemalteco—, y luego las pandillas como actores de ejercicio permanente de violencia», son las causas que según Ceriani Cernadas motivaron un nuevo ciclo importante de desplazamiento, principalmente, a EEUU.
En el Limbo
El 18 de enero de 2019, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció permisos de residencia a, al menos, un millar de hondureños y salvadoreños que llegaron en caravanas desde San Pedro Sula, al norte de Honduras, en lo que fue el primer gesto de apertura a las caravanas de migrantes centroamericanos que desde octubre de 2018 escaparon de sus países.
Sin embargo, en la frontera norte, «México creó un centro de detención desde hace muchos años y despliega controles migratorios; eso influyó en que las personas asuman cada vez más riesgos y tengan que usar vías más inseguras, partes controladas por los carteles del narcotráfico y es en ese contexto donde miles de migrantes fueron asesinados o sometidos a la trata de personas».
El especialista, exvicepresidente del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores/as Migrantes y sus Familias, entiende que además de ese carácter estructural que ya lleva décadas existe «un nuevo factor que es la reagrupación familiar, porque la única forma de que esos hijos que se quedaron en Centroamérica cuando sus padres emigraron a Estados Unidos puedan reunificarse con sus padres, ahora que son jóvenes, es a través de vías irregulares, porque EEUU no tiene regulación migratoria desde 1986″.
La política migratoria del nuevo Gobierno de México «no es aislada, sino que está regida por la presión de la política migratoria de EEUU que externaliza sus fronteras», dijo Melisa Vertiz, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria mexicano (GTPM).
Sin embargo, la política de contención migratoria no garantiza los derechos de personas que están en permanente trámite de regulación, indocumentadas, sino que «las pone en riesgo de caer en poder traficantes de personas», puntualizó Vertiz.
Miles de personas languidecen en campamentos en la frontera entre México y EEUU, a la espera de la fecha fijada para presentarse ante cortes de inmigración como parte de su proceso de asilo bajo el plan Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), que Washington implementó ya en enero de este año.
Más de una decena de niños, adolescentes y adultos murieron desde diciembre de 2018 en centros de detención atendidos por las autoridades de inmigración de EEUU.
La Organización Internacional para los Migrantes (OIM) dijo en su informe de diciembre que brindó asistencia en distintas ciudades de México a 2.102 personas, de las cuales 107 son niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y 334 niños, niñas y adolescentes migrantes acompañados.
Desde que se abrió el Programa de Retorno Voluntario, en julio de 2019, se efectuaron 1.167 retornos a Honduras y El Salvador, que ascienden a 3.269 si se cuentan las iniciativas de los países, sin embargo, ninguno de los casos registrados pertenece a niños, niñas o adolescentes no acompañados.
Según el protocolo de la Cancillería salvadoreña, los retornados reciben capacitación técnica y un capital semilla para iniciar su negocio, o se acogen al apoyo de organizaciones como el Centro de Integración para Migrantes y Personas Trabajadoras (Cimitra).
Los retornados chocan a su regreso con procedimientos estresantes y prejuiciosos, que no tienen en cuenta el calvario que muchos padecieron, tanto por los riesgos del camino (coyotes, carteles de droga, milicias anti-inmigrantes), como por el hecho de haber estado presos en centros de retención, sin atención médica, separados de sus familiares y sin certezas.
Venezuela
Muy distinta es la otra masiva corriente migratoria que experimenta el continente y que tal vez tenga como imagen más icónica los logotipos de las apps de reparto o transporte, empleo al que echaron mano miles de venezolanos que dejaron su país desde 2015 a la fecha y que según el último informe de ACNUR podrían sobrepasar la cifra de seis millones de exiliados.
Para Ceriani Cernadas, «la amplísima mayoría de venezolanos se desplazaron a otros países de América Latina y el 80% a Sudamérica, es una migración sur-sur y no sur-norte como la centroamericana o africana, lo que demuestra que no tiene que ver con las asimetrías sur-norte, sino que tiene que ver con el deterioro de las condiciones de vida y los niveles enormes de desprotección o violación de derechos que hay en Venezuela».
Sin embargo, la recepción de la población venezolana por parte de los países sudamericanos fue muy diferente que para los centroamericanos en EEUU y México.
«En Sudamérica, gracias a las reformas de las políticas migratorias y de refugiados aplicadas en la región desde 2003, cuando cambia la ley migratoria argentina, y luego la boliviana, uruguaya, peruana, ecuatoriana y brasileña y aparece el acuerdo de residencia del Mercosur, la región se convirtió en la más progresista en políticas de movilidad humana y también más realista y efectiva, porque no tiene los datos lamentables del Mediterráneo, de México y del mar que rodea a Australia», opina el abogado.
Si bien se han registrado casos de xenofobia en Chile y Perú, en la mayoría de los países sudamericanos los venezolanos se han integrado al mercado laboral y cultural de la nación que los recibió.
El Gobierno de Venezuela repatrió a 15.856 connacionales entre agosto de 2018 y octubre de este año, a través del programa denominado Plan Vuelta a la Patria.
De acuerdo a la Cancillería, las repatriaciones se realizaron desde Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Argentina, Chile, Panamá y Uruguay.
En las causas de los retornos también se registran diferencias entre uno y otro colectivo; mientras los venezolanos lo hacen por problemas económicos, falta de empleo, xenofobia y problemas de salud, los centroamericanos, según la OIM, lo hacen por haber sufrido violencia, abusos, engaños, amenazas, fraudes, coerción, secuestros, robos o explotación.
