Sigifredo Alcides Campos Crespo, exdirector del Centro de Escuchas de la Fiscalía General de la República (FGR), detonó una bomba de confesión inesperada ante el juez 5º. de Paz en el caso Raís-Martínez.
Campos Crespo declaró al juez que él se tomó atribuciones de escuchas telefónicas sin autorización del fiscal general Luis Martínez, y que también decidió no informarle nada, cometiendo un grave delito al obtener de forma ilegal dichas escuchas, pues tampoco contaba con la autorización de un juez, como lo obliga la ley.
El exdirector Campos Crespo reconoció judicialmente que decidió ampliar las escuchas telefónicas por su cuenta y riesgo para incriminar tanto al empresario como al ex fiscal Martínez. “A partir de este momento, yo voy a asumir la responsabilidad y las consecuencias que se generen producto de esa ampliación que vamos hacer, y yo no le voy a informar al fiscal general en turno sobre esa ampliación”, sostuvo Campos Crespo ante el tribunal.
La gravedad del caso es que con esas escuchas obtenidas ilegalmente, el exfiscal general Douglas Meléndez montó “misteriosamente” el proceso en contra de Martínez –quien lleva tres años preso- y contra el empresario Enrique Rais.
El caso Rais-Martínez no solo se fabricó con esa ilegalidad. En dichas escuchas telefónicas no existe un teléfono del empresario Rais, sino de otra persona, como también lo reconoció y declaró una técnico fiscal ante un juez de Cámara y que consta en el expediente judicial. La técnica fiscal se limitó a decir al juez “perdón señor juez, nos equivocamos”. Una equivocación que mantiene a Martínez en la cárcel.
No solo eso. Las escuchas telefónicas obtenidas ilegalmente por Campos Crespo ya estaban vencidas, pues datan de 2014 y la ley del Centro de Escuchas determina que al no utilizarse en un periodo de seis meses deben ser destruidas. Las escuchas vencieron en abril de 2015.
También consta en el expediente que la ingeniero Ena Maricela Granados remitió un informe en el que hacía constar que los audios que sirvieron para enjuiciar a Rais y Martínez habían sido “seleccionados” lo que indica que habían sido manipulados. Aparecen escuchas que fueron realizadas 48 horas antes de que fueran solicitadas al juez.
Sin embargo, el ex fiscal general Douglas Meléndez decidió montar el caso dos años después –violando la misma ley del Centro de Escuchas- y presentarse como “el paladín contra la corrupción”. También obligó a fiscales y empleados de la institución a ser testigos criteriados para fabricar con pruebas y declaraciones falsas el caso “Corruptela”.
El fiscal general actual, Raúl Melara, cuenta con todas esas evidencias de ilegalidades, y conocedor de la ley –la cual ha jurado respetar y hacer cumplir-, debe tomarlas en cuenta y actuar con apego a las leyes de la república.
(Inserción pagada)
