(Por: Róger Hernán Gutiérrez*)
Antecedentes.-16 de Enero de 1992, se firmaron los Acuerdos de Paz, en Chapultepec, México; que pusieron fin al conflicto del período 1980-1992. El contexto, un proceso iniciado con aplicación del programa de ajuste estructural jun1989-15 de enero de 1992, desarrollado por la clase oligárquica con Félix Alfredo Cristiani Burkard en la Presidencia.
En el contexto mundial Ronald Reagan (USA) y Margaret Tatcher (RU) desde 1980 habían iniciado y profundizado la globalización económica—lo que implicaba para la oligarquía definir condiciones y un proceso de pacificación que llevara a montar en toda su dimensión el programa económico, en beneficio de la oligarquía financiera ( fusión del capital bancario e industrial) y desarrollar la fase imperialista del capitalismo, reflejado además en a) la exportación de capitales: por vía de préstamos; y b) por la vía de la instalación de empresas transnacionales en el país y el reparto del mundo-dominio del mercado—por las transnacionales y los países desarrollados.
La economía a cargo de la Ministra de Planificación y Desarrollo Económico, Mirna Liévano de Márquez y del Ministro de Hacienda Manuel Enrique Hinds, junto a FUSADES, dieron paso a un proceso económico que tuvo a la base la doctrina neoliberal de usar al Estado para impulsar beneficios de su grupo, mientras se debilitaron los intereses del grupo empresarial vinculado a la agro exportación tradicional y a la industrialización por sustitución de importaciones.
Esto determinaba para los sectores campesinos y obreros agrícolas una cuestión de subsistencia bastante difícil en relación a la propiedad de la tierra, y al cultivo de granos básicos, hortalizas, derivando en una enorme migración de estas personas a la urbe y fuera del país—el elemento económico como base fundamental de la movilización forzada, que se fue complejizando hasta combinarla con una violencia social y criminal.
La participación de la Alianza Democrática Campesina (ADC)—como representativo de ese sector en el Foro de Concertación Económico Social (FCES), era vital para garantizar: a) puestos de trabajo; b) aumento de la producción de alimentos básicos; c) créditos y fomento de la micro y pequeña empresa, cooperativas con asistencia técnica moderna y oportuna—para adquisición de tierra, leyes derogadas, reformadas y nuevas.
Pero chocó con el planteamiento neoliberal de usar al Estado para generar las condiciones que permitiesen la acumulación de capital provocando resultados relacionados directamente con la libertad empresarial de las personas: libertad de fijar precios y salarios, libertad de comercio, libertad para invertir, libertad para obtener ganancias. Y no hubo la compra y cesión de tierra sobre la fijación del excedente de 245 hectáreas como propiedad, el Estado neoliberal igual que en el pasado con la expropiación de las tierras comunales y los ejidos—se benefició imponiendo el libre comercio, se reprivatizó la banca y el comercio exterior, consecuencia se agravó el problema agrario—una de las causas de la guerra—.
Otras causas que originaron la guerra el empobrecimiento (el hambre y la carestía de los productos y servicios básicos); la falta de trabajo pleno y de calidad—salarios insuficientes y desprotección social—situaciones fundamentadas en la economía que afectó lo social, cultural, convivencia para el bienestar común y el desarrollo humano. Y por ello se pensó en instalar el foro para la concertación económico social—con la representación de trabajadores, empresarios y gobierno. Si ello hubiese sido implementado a cabalidad, hubiésemos consolidado una praxis tripartita, que cuánta falta nos hace a la hora de concertar una economía, que no sólo favorezca a las 160 personas que se benefician con ingresos de más del 80% del producto interno bruto.
El tripartismo actual le hace falta el diálogo en un debate, sólo posible cuando las partes tenga como objetivo la búsqueda de la verdad, sin importar los intereses corporativos y/o personales que puedan salir afectados con esta verdad. Y muchos de los que hoy participan en esos espacios están llenos de una alta dependencia laboral y/o profesional de empresas, corporaciones, instituciones, gobiernos o partidos políticos—con el ropaje de funcionarios, especialistas, analistas, académicos, sindicales, sociales, etc. El FCES fracasó por todos estos elementos que el gobierno de aquel entonces impulsó a cabalidad para su beneficio y favorecedor del clima de negocios—que mucho de hoy y el actual Presidente de la República, está perfilando como salida económica.
Sabemos que esto no es un proceso neutral ni técnico, sino eminentemente político y, lo que se plantea en distintas mesas donde se están acuñando y se expresan descarnadamente los intereses de esos grupos—transporte, pensiones, ley de la función pública, convenios de la OIT, libertad sindical, empleo, salario mínimo y demás necesidades vitales para la clase trabajadora—la historia del acuerdo de paz FCES, nada más nos recuerda y nos vuelve a la memoria que siempre se ha tratado de correlación de fuerzas—de relaciones de poder que se tienen que modificar y después de 28 años de ese pacto, parece que las cosas están sin cambiar con las excepciones de lo electoral, lo militar y en alguna forma lo judicial. El neoliberalismo no fue vencido con el acuerdo de paz y ha ido en perjuicio de la clase trabajadora, y en pro de una excesiva valoración del capital y el mercado.
*Sinidcalista salvadoreño
