Por no entregar los carros, por los cuales, los consumidores pagaron cuantiosas sumas de dinero, la compañía de Inversiones Latinoamericanas, S.A. de C.V., (COINVERLAT, S.A. de C.V.) y Cristian Javier Pineda Reyes, que operaban la empresa “MICARRO SV”, enfrentan una denuncia colectiva activada por la Defensoría del Consumidor, en defensa de los derechos e intereses de los consumidores agraviados por el incumplimiento de contrato.
A su vez, la Defensoría del Consumidor, informó esta semana, lo pertinente a la Fiscalía General
de la República, a fin de que se investigue el posible cometimiento del delito de estafa por parte de los
citados proveedores, en perjuicio de los consumidores.
La Defensoría del Consumidor informa a la ciudadanía que los proveedores denunciados se dedicaban
a la importación y venta de vehículos usados, comprados –en su mayoría– en los Estados Unidos
de América, por medio de subastas, y tenían como “modus operandi”, solicitar a los consumidores
anticipos de dinero en concepto de reserva del vehículo y la firma de contratos de promesa de venta.
No obstante haber ingresado al país, los vehículos jamás fueron entregados a las personas que hicieron
los pagos acordados. En algunos casos, se detectó que los automotores fueron abandonados en los
recintos fiscales, y luego, subastados por la Dirección General de Aduanas, siguiendo los procedimientos legales establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA).
A través de la activación de la denuncia colectiva, buscamos que Inversiones Latinoamericanas,
S.A. de C.V., (COINVERLAT, S.A. de C.V.) y Cristian Javier Pineda Reyes, devuelva a los consumidores
su dinero, dado el incumplimiento de contrato, de conformidad con los artículos 13 inciso tercero
y 13–D, de la Ley de Protección al Consumidor (LPC).
Así mismo, a la ciudadanía recordamos que de conformidad con el art. 13, de la LPC, –el incumplimiento– “la mora del proveedor da derecho al consumidor a renunciar a que se le entregue el bien o se le preste el servicio, debiendo el proveedor reintegrar lo pagado e indemnizar al consumidor…”. La negativa a revertir los pagos a favor del consumidor, constituye infracción muy grave a la ley, sancionada con multa hasta de 500 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria (Art. 44, literal k, de la LPC).
LLAMADO A CONSUMIDORES AFECTADOS
La Defensoría del Consumidor, hace un llamado a las personas consumidoras afectadas por este
proveedor, para que se sumen a la denuncia colectiva y asistan a una reunión informativa a realizarse
este martes 28 de enero, a las 08:30 de la mañana, en nuestro Centro de Solución de Controversias,
ubicado en edificio IPSFA, sexto nivel, alameda Roosevelt y 55 Av. Norte, San Salvador. Para mayor
información y asesoría, disponemos del #Teléfono910 o Whatsapp 7860-97-04.
Los consumidores que no puedan asistir a la primera reunión, tendrán hasta el viernes 31 de enero
para acudir a cualquiera de las sedes de la Defensoría del Consumidor, para adherirse a la
denuncia colectiva, presentando los documentos que demuestren la relación contractual, los
comprobantes de las cantidades pagadas a los proveedores, y el documento de identidad del
o los firmantes del contrato.
