El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, aseguró esta semana que el decreto legislativo de restricciones a los derechos constitucionales, que le da amparo a la nueva cuarentena domiciliaria por treinta días, no incluye la facultad para la Policía ni para los militares de detener personas.
Ponce dijo, que las detenciones de personas que supuestamente no han acatado las medidas del nuevo decreto ejecutivo de «cuarentena domiciliaria general» en El Salvador no tienen ningún sustento legal, según declaraciones vertidas a un medio digital.
El Presidente de la Asamblea, consideró que el nuevo decreto ejecutivo de cuarentena, emitido por el Ministerio de Salud Pública, está amparado en el decreto legislativo de «Restricción de Derechos Constitucionales» que aprobó la Asamblea Legislativa la semana pasada y que le da al gobierno de Nayib Bukele facultad para omitir a los salvadoreños tres garantías constitucionales: la libre reunión pacífica entre personas, el derecho a no ser obligado a cambiar de domicilio y el libre tránsito. Sin embargo, el diputado Ponce dijo que en ninguna parte del decreto legislativo se contempla la posibilidad de «detener» ni «procesar» a personas que, según las autoridades, no acaten las disposiciones dictadas desde el Órgano Ejecutivo.
«Estamos un poco preocupados porque el decreto (legislativo) no autoriza capturas de personas, porque eso necesitaba 63 votos», dijo el presidente del Órgano Legislativo. Además, se refirió al artículo 12 de la Constitución que dicta que las detenciones administrativas no pueden durar más de 72 horas (tres días). La misma Constitución hace la aclaración de que solo dentro de un régimen de excepeción las detenciones pueden durar hasta 15 días. En este caso, el decreto ejecutivo del gobierno, de menor amplitud que un decreto legislativo, advierte que las retenciones de ciudadanos en centros de contención van a durar hasta 30 días.
