El presidente de El Salvador ha sido severamente criticado por organizaciones internacionales por el trato a los pandilleros encarcelados.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reprochó esta semana a organizaciones internacionales que han criticado su política de endurecer las medidas de encierro en las cárceles que albergan pandilleros.
«Es increíble el apoyo internacional que tienen las maras (pandillas). Organizaciones que callan al ver cómo descuartizan salvadoreños, ponen el grito en el cielo porque les quitamos privilegios», indicó Bukele en Twitter.
El pasado 25 de abril, el mandatario ordenó estado de emergencia en siete prisiones que albergan pandilleros, tras una escalada de violencia pandillera que el fin de semana dejó poco más de medio centenar de muertos en distintos puntos del país.
Bajo el estado de emergencia, los pandilleros permanecen en encierro 24 horas al día, sin permiso para salir a áreas de recreación.
Bukele ordenó que los cabecillas fueran colocados en «aislamiento solitario».
Asimismo, fueron cerradas las tiendas que venden diferentes productos en las cárceles.
Con el endurecimiento de las medidas, el gobierno salvadoreño busca evitar que líderes pandilleros encarcelados transmitan órdenes criminales al exterior.
Sin mencionar el nombre de ninguna organización internacional, Bukele arremetió contra los críticos de sus medidas.
«Es demasiado obvio: guardan total silencio ante actos de barbarie, pero desatan toda su furia si se intenta poner orden en centros penales que fueron controlados por las maras durante décadas», arremetió Bukele.
El mandatario ha sido severamente criticado por organizaciones internacionales de derechos humanos por el trato a los pandilleros encarcelados.
El director ejecutivo de la división de Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, criticó duramente las acciones en las cárceles de El Salvador.
«Las medidas del presidente Bukele en las cárceles constituyen un trato cruel e inhumano», escribió Vivanco en Twitter.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno salvadoreño a «adoptar medidas que garanticen la vida, salud, integridad y dignidad de las personas privadas de libertad» en las prisiones bajo el estado de emergencia.
En El Salvador, las pandillas tienen unos 70.000 miembros, con más de 17.000 de ellos encarcelados, y se dedican a la extorsión, el narcotráfico y el sicariato.
Tomado de El Espectador
