Por: Luis Arnoldo Colato Hernández, Educador.
El pasado jueves 21, la administración Trump hizo público señalamiento contra el Estado salvadoreño, denominándola “…irrespetuosa del estado de derecho…” en razón de los continuos exabruptos que el Ejecutivo salvadoreño comete, por lo que en no solo una ocasión el embajador estadounidense en el país habría realizado llamados al diálogo entre órganos.
Y es que a lo acertado de las medidas iniciales de contención aplicadas en el marco del COVID19, le siguen una serie de hechos que atentan flagrantemente contra del marco legal establecido, excusándose en la histórica corrupción imperante del aparato gubernativo, y valiéndose de ello para justificar las arbitrariedades que la administración comete de manera sistemática.
La negativa de repatriar a miles de salvadoreños varados en distintos países, a los que se les niega el ingreso al país es ejemplo de ello, careciendo sencillamente de opciones en sus locaciones, a pesar de que el decreto de contención no impide su ingreso, o que en repetidas ocasiones la PDDH, la alta comisionada de DDHH de las UN, o HRW han reiterado sendos señalamientos por tales faltas al derecho constitutivo de los ciudadanos.
Otro crudo ejemplo es la suplantación reiterada de funciones de parte del Ejecutivo hacia los otros órganos, entre los cuales destaca la extensión de la cuarentena, competencia de la Asamblea Legislativa en el actual escenario, y que en los términos que el Ejecutivo arguye, le otorgan legalmente seguir gestionando los recursos financieros sin control alguno de los demás elementos del Estado – de los mismos recursos que asevera no poseer, y que sí detenta en el orden de los mil millones, de los que echara manos al iniciarse la respuesta del gobierno a la pandemia, y que durante su primera conferencia realizada en ésta administración reconociera, quizás en un desliz, realizando una delación de su uso y que después señalara como “rendición”, sin serlo – , amenazando por extensión, que los tales provienen del presupuesto general de la nación, lo que derivará eventualmente en el impago de los salarios de los empleados públicos, por llano agotamiento en la respuesta a la crisis sanitaria, cuando los recursos en cuestión provienen de una asignación legislativa.
Aún peor es el hecho de que se hiciera público que algunos de los elementos del consejo de ministros detentan dos salarios del Estado, a pesar de negarlo en reiteradas ocasiones, correspondiendo por ello el reintegro de los mismos como la acción propia de la FGR para dilucidar los casos endilgados.
En fin, al alegar el Ejecutivo que su interés es el bienestar general al tiempo que reprime la disensión (como lo hiciera por intermedio de la UMO con quienes protestaron en un campo de detención por la pandemia durante 40 días sin resolverse su situación sanitaria, habiendo sido ordenada su liberación por parte de la Sala de lo Constitucional, sin hacerse efectivo), y justificando sus actos en la corrupción imperante en los demás órganos, sencillamente volverá más temprano que tarde inviable ésta gestión no dejando más opciones que lo ocurrido en otras latitudes: el Empeachment.
