La otra guerra, la que el Gobierno de Bukele libra contra las pandillas, tampoco marcha tan bien como parece. Los homicidios se han desplomado hasta alcanzar la tasa más baja desde 1992. La misma tendencia se observa en los feminicidios, los desaparecidos y las extorsiones. Según los funcionarios, estos logros se deberían al llamado Plan de Control Territorial, una combinación de represión y prevención en los 22 municipios con mayor incidencia delincuencial, y de endurecimiento del confinamiento en los penales. La iniciativa gubernamental más emblemática es la construcción de centros recreativos y educativos para evitar que las pandillas recluten jóvenes.
Aunque ciertos, esos logros no son aún incontrovertibles. Sobre ellos se ciernen algunas sombras. La caída de la tasa de homicidios es más acusada en municipios donde no se ha aplicado el Plan y donde el descenso comenzó en el Gobierno anterior del FMLN. Probablemente, dicho plan, cuyos detalles son desconocidos, no es la única causa. La reducción del uso de la violencia letal por parte de las pandillas, la disminución de la rivalidad mutua y el liderazgo local cada vez más independiente del de las cárceles dan mejor cuenta de la reducción de la violencia social que el plan gubernamental. Otro factor verosímil es un entendimiento informal con las pandillas. El Gobierno lo niega tajantemente, pero encaja bien con la disminución de la violencia letal por parte de aquellas y con la orden girada, según una fuente acreditada, a las fuerzas de seguridad de reducir los enfrentamientos armados. La experiencia reciente demuestra que en esta materia, las negativas de Gobiernos y políticos son inverosímiles. La obsesión de Casa Presidencial con la imagen de su inquilino inclina a pensar que el entendimiento con las pandillas es factible. Más aún si está en pie de guerra contra sus enemigos políticos y judiciales. La estrategia de guerra no tiene reparos en negociar con quien haga falta para conseguir la victoria.
La pandemia, por otro lado, corrobora la fragilidad de los logros gubernamentales. El control de las pandillas en las comunidades y colonias está intacto. Han restringido la circulación, han impuesto toque de queda y uso obligatorio de mascarillas, han repartido provisiones, han asistido a los vecinos necesitados y han reducido el monto de la extorsión o han postergado su pago. El incremento súbito de los homicidios en abril, 80 asesinados en cinco días, evidencia la precariedad del control estatal. El poder territorial de las pandillas sigue inalterado. Por tanto, pueden, si así lo desean, revertir con relativa facilitad los avances gubernamentales. La iniciativa no la tiene el Gobierno de Bukele, sino las pandillas.
No obstante, el Gobierno puede avanzar con mayor seguridad y solidez en el control del territorio y la violencia social. Pero para ello debe cambiar el enfoque, al igual que en el caso de la covid-19. La aproximación a las comunidades golpeadas por la violencia social tiene más posibilidades para interrumpir su reproducción. Escuchar, comprender y abordar con eficacia sus necesidades más sentidas crearía confianza, seguridad y futuro. Garantizar la satisfacción de esas necesidades es una alternativa difícil de desconocer, estimularía la construcción de relaciones comunitarias no-violentas e integradoras, mejoraría la comunicación con la Policía y las autoridades, desincentivaría la militancia en las pandillas y brindaría una salida atractiva a quienes deseen abandonarlas. El Estado debe mostrar prácticamente que ofrece más posibilidades que las pandillas. La represión, en sí misma un mal, debe ser el último recurso, no la única opción.
El cambio de enfoque requiere renunciar a convertir la seguridad y la salud pública en arma arrojadiza contra los adversarios políticos. La beligerancia y la humillación minan el terreno para introducir reformas eficaces y sostenibles, que requieren de amplio apoyo sociopolítico. Casa Presidencial apuesta por un triunfo electoral legislativo arrollador que elimine temas polémicos como los préstamos y su supervisión, y la cuarentena total renovable. Pero si ese triunfo se materializa, solo será efectivo dentro de diez meses. Antes tendrá que buscar cómo contener la recesión económica y el deterioro de la vida de la población que dice defender. Aguardar hasta el 1 de mayo del año que viene, puede ser demasiado tarde.
La situación de las comunidades es desesperada. El hambre y la enfermedad, el abandono y la inseguridad son realidades cotidianas. La inminente recesión económica agudizará la angustia existente. Reprimir para contener la zozobra social es tentador y fácil, pero también contraproducente. La experiencia de los denostados Gobiernos anteriores no deja duda al respecto. La administración de Bukele está urgida de creatividad más allá de la imagen, de visión política de mediano y largo plazo, y de eficacia irreprochable.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero, UCA.
