Organizaciones de Derechos Humanos, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” y Cristosal, recordaron 38 años de impunidad para las víctimas de la masacre de El Calabozo.
Más de 200 personas fueron asesinadas el 22 de agosto de 1982, por efectivos militares de la Fuerza Armada, en el cantón Amatitanes, en San Esteban Catarina, San Vicente.
Los esfuerzos por obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas, entre ellas niñas, niños y personas mayores, no han tenido respuesta favorable del Estado en estas casi cuatro décadas.
A la fecha, después de múltiples intentos de las víctimas por obtener justicia, el proceso sigue en etapa de instrucción e insistiendo en tener acceso a los archivos militares que han sido negados por el actual Gobierno.
Los imputados (con sus cargos en el momento de la masacre), son: Gral. José Guillermo García, ministro de Defensa y Seguridad Pública; Gral. Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada; Coronel Sigfredo Ochoa Pérez, comandante del Destacamento Militar No. 2; Teniente Coronel Miguel Antonio Méndez, comandante del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata “General Ramón Belloso; y Gral. Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea.
Sobrevivientes denunciaron la masacre en 1992, por lo que se inició un proceso penal en el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, pero las diligencias no tuvieron continuidad por la aprobación de la Ley de Amnistía de 1993, aunque ésta no fue formalmente aplicada al caso.
En 2006, las víctimas, acompañadas por el Centro para la Promoción de los DerechosHumanos “Madeleine Lagadec” y un abogado representante, interpusieron la acusación particular contra seis oficiales del Alto Mando de la Fuerza Armada de la época, vinculándolos con cinco delitos graves. La jueza de la causa ordenó que continuara en “archivo”, argumentando la vigencia de la amnistía y por considerar la prescripción del caso.
En ese sentido, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” y Cristosal, exigieron al Ejecutivo abrir los archivos militares para aclarar este y otros casos. Asimismo, exhortaron a la Fiscalía General de la República a que acelere las investigaciones de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el conflicto armado.
