Reconocidos abogados de la República advierten por el impulso a la reforma constitucional en la coyuntura actual y recuerdan que hay cláusulas pétreas, no reformables.
Las valoraciones de los profesionales del derecho fueron vertidas en el foro virtual “Valoremos nuestra Constitución”, organizado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) y el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).
A juicio de los profesionales, lo que hay que cambiar es la cultura de irrespeto a la ley, no la Constitución. Esto último les genera suspicacia por posibles pretensiones de mantenerse en el poder más allá de los límites actuales.
De acuerdo a los juristas desde que comenzó funciones el actual Gobierno, han sido constantes los atropellos hechos tanto a los procesos constitucionales como a los funcionarios que están en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El caso más reciente está relacionado a la orden que dio la Sala de lo Constitucional al presidente Nayib Bukele de sancionar y publicar el Decreto Legislativo 661, luego de que este fuera considerado constitucional. Ni Bukele ni ninguno de sus funcionarios, hasta el momento, han informado sobre la sanción y publicación del documento y ha sido práctica de la Presidencia «jugar» con los tiempos que establece el proceso de formación de ley.
Según los abogados la democracia y la estabilidad social se ponen en peligro si el Presidente de la República, funcionario que jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, es el primero en atacarla constantemente y desafía a quienes están para resguardar su cumplimiento.
El irrespeto a la Constitución de la República por parte de autoridades del Ejecutivo, la inexistencia de espacios de diálogo y la falta de diagnósticos hacen inviable e inoportuna cualquier reforma a la Constitución de la República de El Salvador, aseguraron esta semana los juristas.
Claudia Umaña, representante de DTJ, sostiene que hacer reformas de mejora a la Constitución podría ser “un golpe de muerte” a la Constitución. “Sería un legado nefasto que dejarían estos diputados”, afirmó.
Además, considera, que no hay una comprensión generalizada de lo que dice nuestra Constitución y “tratar de modificarla por no entenderla sería un desatino y sería una falta histórica”.
Según Umaña, la semi-rigidez que impone la Constitución salvadoreña “es una garantía estabilizante en el país”, tildando de un mito que la Constitución requiere una reforma de gran calado.
Caer en esa tentación, dice, provocaría una escena de la Odisea de Homero en la que marinos escuchaban las voces melodiosas de las sirenas y, así, se dejaban embaucar.
Para Javier Castro, representante de Fusades, considera que la reforma total de la Constitución sería un disparate jurídico. Pero advierte que una reforma parcial sería un riesgo si no es transparente y si no es elaborada por constitucionalistas.
Castro dijo que hay que poner atención sobre quién promueve la reforma a la Constitución: “Sería muy riesgoso que quien promueva una reforma constitucional sea precisamente quien está violando la Constitución”.
“No hay que caer en caprichos coyunturales, no es cierto que la Constitución está obsoleta. Además, el problema del país es el irrespeto a la Constitución, no la ley máxima”, dijo Castro.
Por su parte Humberto Sáenz, representante de Acción Ciudadana, señala que hay un tipo de reformas constitucionales en las cuales existe consenso generalizado, sin embargo, la actual conformación legislativa no genera confianza para generar un debate de reformas más estructurales.
“Es una constitución bien hecha, perfectible pero que no requiere un proceso de refundación de cero”, manifestó. Pero preservarla pasa no solo por advertir los riesgos de su cambio estructural, sino de socializar la importancia de esta.
“Tenemos que destruir la percepción de que la Constitución es la piedra en el zapato para ciertas aspiraciones”, recalcó Sáenz.
Otro de los participantes en el foro, German Rivera, presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), lamentó que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, esté hablando de grandes cambios constitucionales, cuando él mismo ha presentado recursos legales que han tenido impacto en el sistema electoral del país.
Con ello, ilustra que el sistema constitucional funciona bien y previene caer en tentaciones cuestionar la legitimidad de este marco legal y pretender cambiarlo.
Para ello, sugiere mejor enfocar los esfuerzos en corregir aspectos puntuales, como los procesos de selección de magistrados que pueden garantizar independencia, idoneidad y el debido funcionamiento de las instancias jurisdiccionales en el país.
"Quienes han acudido a la Sala de lo Constitucional han legitimado la existencia de este tribunal. El vicepresidente de la República, quien está hablando de reformar o crear una nueva Constitución, acudió a esta Sala y esta le resolvió demandas", afirma German Rivera, pdte CEJ pic.twitter.com/zfeKRgPjhZ
— ANEP El Salvador (@ANEPElSalvador) August 25, 2020
El presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, Sergio Díaz Ricci, hizo la interrogante «¿Qué le debemos a la Constitución? Acatamiento, nada nos va a llevar a buen puerto si nos salimos de la balsa de la Constitución, su acatamiento es fundamental», advirtió el profesional.
Desde la perspectiva del experto, la Constitución salvadoreña plantea claramente las funciones de cada Órgano del Estado, esto facilita la vida en democracia, esto garantiza que los gobernantes de turno no concentren el poder y que tampoco promuevan cambios que les sean beneficios de acuerdo a sus intereses propios.
Por su parte, el presidente de la Federación Interamericana de Abogados, Juan Carlos Esquivel, consideró que la Constitución de la República es una de las más «robustas», porque en su contenido reconoce como derechos » la libertad de expresión, la libertad de movimiento, el derecho a la propiedad privada, el debido proceso, el derecho a defensa» y que estos son básicos para «mantener el deseo de vivir en esta democracia».
En ese sentido los juristas coinciden en el llamado a la sociedad salvadoreña a estar pendiente de que el gobernante no viole lo que la Constitución establece, por el contrario, sostienen que se debe exigir su cumplimiento para el bien de la democracia.
