Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
No es tolerado internacionalmente, el pacto con las pandillas, pero en El Salvador, sí participa en la política electoral y, pide un cambio constitucional que, al final, estaría relacionado con el crimen organizado, haciendo del país, una “isla” en la cual, sería imposible el desarrollo sostenible.
Estados Unidos, Europa, Rusia y China (los cuatro grandes actores geopolíticos mundiales) no aceptan, ni pueden aceptar, la negociación con grupos criminales, pues al margen de sus intereses geopolíticas, está primero su soberanía (bajo el concepto clásico de: la autoridad absoluta de sus Estados y el control de sus Gobiernos), lo cual genera una agenda común contra el crimen organizado y, el separatismo. La negociación del Gobierno salvadoreño con las pandillas, rompe dicha norma: por lo que su repudio, podría sentirse primero, sobre las entidades multinacionales cooperantes o, la banca internacional, acrecentando el riesgo país. El anuncio del inicio de un proceso, para realizar cambios constitucionales, sin otro fin que una adecuación a los tiempos modernos es, en realidad, para tratar tres aspectos fundamentales: los derechos de la persona humana, la forma de gobierno y, la elección del mismo. Ya se vislumbra, en las declaraciones de funcionarios gubernamentales, un cambio en el sistema electoral, de contraloría pública y, en todo aquello, que ha incomodado al Gobierno, en el último año.
Los derechos sobre la persona, recaen sobre su libertad y, los aspectos económicos, sobre la libre disposición de su patrimonio. La forma de gobierno afecta la estructuración de los poderes del Estado y, su interrelación (que hoy ha impedido los excesos del Ejecutivo), en cuanto a la elección del Gobierno; ya se plantea la reelección presidencial y, un giro hacia la Democracia Participativa, siguiendo criterios populistas. En Venezuela, se dieron así, todos estos cambios constitucionales. Para una reforma constitucional, se prescriben dos Asambleas, pero si se modifica “la filosofía constitucional”, dicha salvaguarda es irrelevante, pues el presente Gobierno ha violado, en repetidas ocasiones, los preceptos constitucionales y, teniendo el poder que le dan las armas y, sin oposición generalizada, sí pudiese darse un cambio radical, que nos alejaría, de los países democráticos. El pacto con las organizaciones criminales, plantea, para el futuro, la necesidad de fuerza: el control territorial, que la PNC no ha podido sostener, ni la Fuerza Armada, recuperar, hace más fácil, dominar a la población, respetuosa de la ley, que dominar al crimen organizado. Sólo un cambio constitucional, que dé un giro a la estructura del Estado y al sistema democrático, puede legitimar un pacto con las pandillas, permitiendo un nuevo “pacto social”, en base al “poder popular”, que podría favorecer a las pandillas, con un cambio de forma “legal”, de su “estatus político”.
Solamente si la sociedad se une para defender la presente Constitución, podremos asegurar que permaneceremos en la línea de los países democráticos. Todo candidato a diputado, estará en la primera línea de defensa de nuestra Constitución, por lo que es vital, para la vida democrática, apoyar a cualquier candidato, sin importar el partido que lo lleve, pero que tenga como creencia, que la actual Constitución, garantiza la libertad individual, en un perfecto equilibrio, con la potestad del Gobierno y que, garantiza la libertad en su forma abstracta: la libre voluntad individual y en su forma concreta: el derecho de propiedad y la libre disposición de sus bienes.
El sistema republicano y democrático, garantiza el desarrollo sostenible, mientras que toda deformación del sistema, sólo ofrece opresión, tiranía y pobreza.
