Más de veinte organizaciones sociales exigieron esta semana quitar los obstáculos que impiden procesar penalmente en El Salvador a los supuestos autores intelectuales de la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en noviembre de 1989.
Los activistas de los derechos humanos se mostraron satisfechos con la reciente decisión de la Audiencia Nacional de España de condenar al exviceministro de Seguridad Inocente Montano a 133 años de prisión por los asesinatos de cinco jesuitas españoles, perpetrados por soldados en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA)
«La impunidad nunca fue una ley, fue una decisión política. Lo que ocurre en este momento es que esa decisión política está siendo desplazada de a poquito. La impunidad se va a caer y lo que acaba pasar en España es muestra de ello», dijo en un conferencia de prensa David Ortiz.
Ortiz, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), añadió que «el órgano Judicial tiene que ir cambiando», por lo que llamó a emular lo realizado por una corte salvadoreña que lleva la causa contra 15 militares por la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote en 1981.
Por su parte, Rafael Segura, miembro del Comité de Presos Políticos de El Salvador (COPPES), sostuvo que «creemos que debe de haber indicios de justicia aquí en El Salvador» y que la condena a Montano «nos llena de satisfacción».
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Leonardo Ramírez Murcia indicó esta semana que la Sala de lo Penal, a la que pertenece, está cerca de resolver un recurso de casación que busca anular la orden judicial de reabrir el proceso penal presentado por la defensa de los militares vinculados.
«El caso está, digamos, próximo a ser resuelto», indicó el juez, quien manifestó que «una serie de incidentes» retrasó el proceso.
Esto en referencia a dos recursos de recusación contra dos jueces, mismos que fueron resueltos por la Corte Suprema en pleno y que derivó en la separación de una jueza de proceso y el llamado a un magistrado suplente.
De acuerdo con una publicación de un medio local, la referida sala está habilitada para conocer el recurso desde enero.
«Eso ha llevado un poco de tiempo» y «están elaborándose los argumentos por cada uno de los magistrados que integran la Sala de lo Penal y espero que próximamente podamos estar juntando las posiciones», añadió el juez de lo Penal.
El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, pedirá a la Audiencia Nacional española una copia certificada del fallo contra Montano para «obtener más información» aportada por los testigos.
En el juicio que enfrentó en España Montano, y cuya resolución fue dada el pasado viernes, testificaron Lucía Cerna y el teniente retirado Yusshy Mendoza, entre otros.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de elite mató a los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana.
Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. También murieron junto a ellos los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la universidad Julia Elba y su hija Celina Mariceth Ramos. EFE
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