El 15 de octubre de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó1 la reforma a los artículos 2 y 69 de la Constitución, por medio de la cual se estaría reconociendo el agua y saneamiento como un derecho fundamental, si es que la próxima composición legislativa (2021-2024) la ratifica con 56 votos. En complementar edad, el Estado salvadoreño tiene como obligación crear políticas púbicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, accesible y asequible. Esta aprobación de la reforma constitucional es producto de muchos años de lucha de diferentes organizaciones sociales, religiosas, comunitarias, entre otras.
Es positiva la aprobación de la reforma constitucional. No obstante, hay que mencionar que la misma no incluye elementos que las organizaciones sociales proponíamos, a saber: la gestión pública del agua y saneamiento; que el uso y gestión del agua sea sin fines de lucro; que las leyes y políticas que desarrollen el derecho humano al agua sean creadas con participación ciudadana.
Es importante recordar que el 25 de abril de 2012, justo al final del período legislativo 2009 – 2012, se aprobó un proyecto de reforma que añadía dos incisos al Art. 69 de la Constitución. No obstante, la siguiente legislatura no la ratificó y en su defecto se aprobó un nuevo Proyecto de reforma constitucional, que era el mismo texto aprobado en abril de 2012. De igual forma, el periodo legislativo siguiente tampoco lo ratificó. Esta es la tercera oportunidad que estamos trente aun hecho similar, por lo que resulta relevante que la población en general esté vigilante y exija la ratificación del derecho humano al agua y saneamiento.
La lucha no ha concluido, también es imprescindible la aprobación de una Ley General de Aguas y políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que protejan la cuenca hidrográfica desde la cual se pueda obtener el agua en cantidad y en calidad suficientes, que plantee un panorama claro sobre los usos del agua, priorizando el consumo humano; ya que hasta ahora, como es obvio, solo se ha priorizado a la empresa privada, la cual utiliza el agua con fines económicos y que debería ser para toda la población, pero principalmente para la más necesitada.
Por todo lo anterior, expresamos:
I. Vemos como un paso hacia adelante la aprobación de la reforma a los Arts.2 y 69 sobre el derecho humano al agua y su saneamiento; sin embargo, exigimos a los actuales diputados/as que van a la reelección, así como a los candidatos/as que conformarán la legislatura 2021-2024, el cumplimiento del compromiso que ahora, en campaña electoral, expresan en cuanto a la ratificación de la reforma.
II. A la Asamblea Legislativa, la urgente necesidad de la aprobación de la Ley General de Aguas con enfoque de derechos humanos, que incluya la figura de un ente rector eminentemente público que garantice de forma efectiva dicho derecho.
III. La necesidad que el Órgano Ejecutivo formule participativamente una política y planes con enfoque de derechos humanos, definiendo el uso prioritario para el consumo humano y las labores del hogar por sobre otros usos, tal cual lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos. También, debe incluirse la gestión comunitaria del agua sin fines de lucro.
Es indispensable fortalecer la gestión ambiental para el cuido y la sustentabilidad de los bienes hídricos. Esto pasa porque las instituciones de el Ejecutivo no aprueben proyectos de desarrollo que, bajo un enfoque estrictamente económico, vulneren derechos humanos e incrementen la desigualdad y la injusticia ambiental.
Hacemos un llamado a la población para que esté vigilante del proceso que culminará con la conformación de la próxima legislatura (2021-2024) y, una vez instalada, exijamos la ratificación de dicha reforma para que pueda ser incorporada a la Constitución, todo con el propósito que la gestión ambiental sea prioritariamente un bien común con enfoque de derechos humanos.
