Fiscales denunciaron obstaculización, acoso e intimidación por parte de la PNC

Los fiscales que investigan las irregularidades en las compras hechas por el Gobierno durante la crisis de la pandemia del covid 19, afirmaron que no han recibido apoyo de la Policía Nacional Civil para desarrollar la diligencia de allanamientos en el Ministerio de Salud.

De acuerdo con los representantes fiscales contrario al apoyo “ha habido una obstaculización” por parte de las autoridades policiales quienes están defendiendo a las “personas investigadas”.

Asimismo los fiscales rechazaron contundentemente las aseveraciones que el ministro de Justicia y Seguridad Pública hizo, respecto que la Fiscalía había entregado la orden 36 horas después de los allanamientos.

Según los representantes del Ministerio Público la orden de “registro con allanamientos” emitida por el Juzgado Décimo Tercero de Paz, se les entregó en el tiempo requerido.

Los fiscales no descartan investigar a las personas que obstaculizaron la diligencia de los fiscales y la orden judicial, así como también las acciones de acoso e intimidación que ejercieron las autoridades policiales y empleados de salud a los fiscales.

Los fiscales aclararon que en estas diligencias el único altercado que hubo fue con el Ministerio de Salud, en las otras instituciones de Gobierno como: Hacienda, ANDA, FONAES no hubo ninguna acción de obstaculización.

Hasta el momento el Ministerio Público ha abierto 17 investigaciones relacionadas a compras irregulares y se ha logrado incautar 15 evidencias digitales, entre ellas, computadoras, una memoria usb, computadoras portátiles, y discos duros, explicaron los fiscales.

Los investigadores recalcaron que en ningún momento la diligencia ha afectado el proceso de compras del Ministerio de Salud, ya que se investigan compras ya realizadas.

La Fiscalía General de la República desde el pasado lunes inició el proceso de allanamientos instituciones públicas y privadas, donde se investiga una denuncia presentada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), por las supuestas irregularidades de compras que hizo el Gobierno, una compra por $12 millones y otra por medio millón de dólares.

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