Utilizar para fines partidarios-particulares un cuerpo policial que se debe a los ciudadanos es una práctica antidemocrática. Utilizar con los mismos fines a nuestra Policía Nacional Civil, señalada desde hace décadas por reiteradas y graves violaciones a derechos humanos, no solo es antidemocrático, sino también un juego peligroso. Este parece ser el camino emprendido por la administración Bukele, o más bien dicho por el presidente, pues cada día es más evidente que el poder ejecutivo se ha convertido en un mero reflejo del humor del mandatario.
Como sabemos, la Policía Nacional Civil está lejos de ser aquella institución definida por sus principios orgánicos. Infiltrada por altos mandos que nunca fueron depurados, ha estado sistemáticamente involucrada en asesinatos, detenciones ilegales y desapariciones. Saber esto y utilizarla para fines político-partidarios es como jugar ruleta rusa con un arma casi completamente cargada. El uso arbitrario de la institución policial es evidente desde cualquier perspectiva.
Aunque las relaciones entre Policía y Fiscalía General de la República siempre han sido inconexas y descoordinadas, nunca habíamos presenciado lo sucedido el 10 de noviembre de este año, cuando miembros de la corporación policial, bajo las órdenes de sus autoridades, activamente intentaron obstaculizar un allanamiento judicial realizado en las instalaciones del Ministerio de Salud. Lejos de colaborar en una diligencia investigativa de un potencial acto de corrupción grave, los agentes policiales parecían más interesados en vigilar a los agentes fiscales.
Pocos días después, el 20 de noviembre, las mismas autoridades ordenaban la detención de un miembro de la junta electoral de la ciudad de Usulután, bajo el cargo de manchar declaraciones juradas presentadas por miembros del partido en el poder. El supuesto delito no puede ser más absurdo: manchar un texto público no califica como delito de “supresión, destrucción y ocultación” de un documento, pues, como cualquier estudiante de derecho medianamente informado sabe, para ser tal, la supresión u ocultación de caracteres debe ser susceptible de incorporar un contenido específico al tráfico jurídico, lo que no sucede con pequeños manchones.
Por supuesto, por esta simple razón, la Policía Nacional Civil nunca ha realizado “detenciones en flagrancia” en casos de falsedades documentales. Nunca. Se trata de comportamientos que siempre han requerido la valoración especializada de un fiscal, para conocer su eventual tratamiento. Hasta que alguien manchó la declaración jurada de un miembro de Nuevas Ideas, siempre fue así. Pero si quedaban dudas de este juego riesgoso, cuatro días después se realizaría una segunda detención en flagrancia, nuevamente sobre un miembro de junta electoral, esta vez de la ciudad de San Salvador por el delito de “expresiones de violencia contra la mujer”.
Como se sabe en cualquier tribunal, el delito antes mencionado apenas tiene pena de “multa” (no hay prisión, aun cuando exista condena), razón por la cual no existe un “peligro de fuga” que justifique ordenar la detención del imputado, tal como se observó en el caso del candidato a diputado Walter Araujo o el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, quienes fueron procesados por este delito y no fueron detenidos. Claro, ellos no eran delegados de un partido opositor, circunstancia que decididamente fue remarcada en el caso del miembro de la junta electoral: el 25 de noviembre, la cuenta institucional en Twitter de la Policía Nacional Civil destacó la captura de un “delegado del partido Arena”.
En honor a la verdad, Nayib Bukele no hace nada nuevo. Vulgarizar la imagen de la Policía Nacional Civil ha sido una práctica en la que cada administración ha puesto su particular impronta. A pesar de lo anterior, y como parece estar sucediendo con la administración Bukele, existe un particular interés en retomar practicas torcidas, para ver si pueden torcerse aún más.
* Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.
