Por: Moisés Alfaro @moialf*
Durante el conflicto armado sufrimos el terrorismo de las actividades guerrilleras y las que provenían del Estado, desde la década de 1970 y especialmente con los gobiernos dominados por regímenes militares, el Estado fue artífice de un régimen de dominación política encargado de diseminar terror en la sociedad, utilizando una política represiva criminal y sistemática; utilizando cuerpos de seguridad irregulares y escuadrones de la muerte, se ejecutaron secuestros, arrestos, torturas y desapariciones forzosas selectivas, se reprimió toda actividad contraria a los intereses políticos gubernamentales utilizando la estructura estatal.
Formalmente el terrorismo de Estado concluyó con la firma del acuerdo de paz que terminó con el conflicto armado. Dentro del marco de la incontenible violencia social, la Asamblea Legislativa aprobó años atrás, la polémica Ley Especial contra Actos de Terrorismo que creaba una serie de delitos que por su gravedad provocan una situación de terror en la población y afectan directamente la seguridad nacional.
La aplicación de esta ley provocó reacciones y demandas que provocaron en una sonada Sentencia de la Sala de lo Constitucional en el año 2015, que declaró a las pandillas como grupos terroristas, además dotó de contenido el concepto de terrorismo con base en los principios Constitucionales y el Derecho Internacional, denominándolo como un ejercicio “organizado y sistemático” de la violencia que tiene como objetivo intimidar de forma general a la población, afectar el marco de la institucionalidad democrática e incidir en las decisiones que puedan efectuar los diferentes entes gubernamentales, entre otros.
Todo anterior denota que tenemos una vara muy alta en la conciencia colectiva del salvadoreño respecto de la tolerancia a la violencia, la historia nos ha forzado a convivir activa o pasivamente con la muerte, el crimen y muchas de las actividades narradas anteriormente que son genuinas manifestaciones de terrorismo, provenientes de grupos irregulares delincuenciales y más recientemente, como si un ciclo histórico político se repitiera, originadas desde estructuras Gubernamentales de alto nivel y del Presidente de la República.
Los salvadoreños hemos normalizado tanto la violencia y el terror, que nos mostramos tolerantes a situaciones como una Fuerza Armada y una Policía Nacional Civil que ya no obedecen la Ley, sino que son leales a la voluntad y arbitrio del Presidente, ¿Qué más terror puede sentir la población ante la presencia de los actuales cuerpos de seguridad Constitucionalmente definidos, pero que ahora tienen una voluntad corrupta y leal a una persona?, lo anterior ha permitido que presenciemos cosas como detenciones ilegales de alcaldes, persecuciones de empresarios, acoso a gremiales y medios de comunicación, todo utilizando los recursos del Estado, Ministerios, personal, vehículos y oficinas del gobierno.
Como no mencionar las declaraciones públicas del Presidente, en un evento oficial, haciendo alusión a su eventual capacidad de fusilar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, además la militarización del Palacio Legislativo usurpando la silla del Presidente de otro Órgano de Estado y, como un preocupante culmen de este neo Terrorismo de Estado, el asesinato de dos activistas de un partido político, ejecutado por empleados del gobierno, miembros de la Policía Nacional Civil y encargados de la seguridad del Ministro que de Salud que además es primo del Presidente.
Esto no es más que una cabal descripción del concepto de Terrorismo de Estado ejecutadas por este gobierno, que: realiza un ejercicio organizado y sistemático de la violencia al grado de convertirlo en una política pública de represión e implementada desde las propias estructuras estatales, hace uso de cuerpos de seguridad irregulares, tal es el caso de la PNC con un director que ya fue destituido Constitucionalmente; con los que ha pretendido forzar las decisiones de los diferentes entes gubernamentales”, tal es el caso del ataque del 9 de febrero 2020 para obligar a la Asamblea Legislativa aprobar un préstamo muy cuestionado.
Finalmente, sus actuaciones han infundido terror en la población, terror a salir a votar, terror a fortalecer a una oposición política, terror a demandar sus derechos, a oponerse a decisiones ilegales; ha provocado el terror suficiente para tener una población silente que es la virtual antesala a una sociedad sumisa a los abusos.
Ya no nos podemos permitir modular el terrorismo de Estado dándole una denominación más laxa como la recientemente regulada “violencia política”, debemos adquirir conciencia de lo que estamos enfrentando, antes que nos encontremos en la génesis de un conflicto social incontenible originado por un gobierno terrorista.
* Abogado y Maestro en Ciencia Política
