Por: Róger Hernán Gutiérrez*
Por hoy el tema ha quedado completamente invisibilizado, y muy poco se dice sobre el asunto de las pensiones en la agenda política de los sindicatos, se sabe claramente que la reforma de sept2017, sólo fue un paliativo y que más temprano que tarde el sistema va colapsar. La administración privada no ha ofrecido alguna solución, y en mucho de los países que decidieron privatizar el sistema, se ha revertido volviendo al sistema de administración por parte del Estado, con claros problemas de aumento en el déficit fiscal, a menos claro que el monto de las cotizaciones y lo acumulado regrese al Estado para paliar el asunto.
En el actual gobierno de Bukele, la temática ha quedado prácticamente sin la manifestación de diálogo social, lo cual nunca ha habido y el debate de tan importante tema se ha manifestado desde el gobierno y con la intervención incisiva de los dueños de las AFP—que saben que mientras la asamblea no se modifique con una correlación diferente sus intereses están preservados y protegidos.
El soporte con el estudio actuarial se desconoce si se hizo y mucho menos los resultados que arrojaron en términos de garantizar los derechos a una pensión; y el mejoramiento sustancial de la protección social, tanto para cotizantes, pensionados y no cotizantes; el aparato se mantiene a cargo del sistema financiero y no a cargo del Ministerio de Trabajo con las funciones previsionales, ese sesgo hace que siga presionando las finanzas públicas y llegar a un impago parcial o total tarde o temprano.
En el Salvador, por una parte, el rol del Estado como financiador de prestaciones se contrajo, es decir la pensión básica universal para aquéllos mayores de 70 años en municipios pobres se redujo; traspasando a trabajadores, empleadores y pensionados la carga financiera de las antiguas prestaciones de beneficio definido (sistema público a cargo del INPEP y el ISSS) y las agregadas por la re-reforma; por otra parte, transformó el sistema substitutivo en mixto al introducir un componente de reparto administrado por el Estado, esto prueba claramente que el sistema privado fracasó y mucho del fraude y engaño al principio se ha convertido en una fuerte frustración de muchos que creyeron en los cantos de sirena que en aquél entonces el neoliberalismo y el partido arena cobijó.
Las reformas, cualquiera que sea su naturaleza, a menudo no han sido precedidas de un diálogo social amplio, abierto y transparente, con participación de todos los sectores involucrados. La última reforma sólo existió una manipulación del partido de gobierno y los dados estaban cargados en el espacio legislativo, donde se brindaron escasos 20 minutos para exponer la propuesta, sin embargo, a la contraparte asafondos se le dieron todas las facilidades para su exposición, defensa y continuidad de sus intereses, De igual manera la prensa parcializada tampoco abrió espacios para un diálogo tal como debería ser.
A ese efecto, el gobierno debería hacer más apertura al respecto, sin embargo, en espacios tripartitos el debate si es que ha existido es muy sesgado y la polarización existente en el país no presenta condiciones objetivas para un diálogo social tal como se necesita. Y los sindicatos incluidos siguen sin apropiarse de la temática y exigirla con fuerza dentro de las relaciones de poder que se manifiestan al respecto del tema de pensiones.
En secreto el actual Ministro ha anunciado que ya hay un estudio con apoyo técnico de la OIT, no obstante, se mantiene una opacidad y de los sindicatos que se han vis to favorecidos que no sostienen intereses propios, sino van con los del gobierno y se pliegan a una discusión completamente estéril, y los ofrecimientos gubernamentales caen en demagogia y poca certeza de su desarrollo democrático.
A ese efecto, el gobierno de Bukele debería designar una comisión independiente de técnicos con representación tripartita trabajadores, empleadores y gobierno, la tripartita Consejo Superior del Trabajo no se ha cohesionado y se mantiene en un adormecimiento que no logra trascender la temática hacia la población y sectores interesados. Actualmente en la campaña electoral el debate ha sido confuso, poco ético y arrastra demagogia y falta de compromiso.
También podrían ser incorporados académicos, jubilados y pensionados, y otros grupos relevantes, para que desarrolle un diagnóstico que sea la base para recomendaciones sobre qué tipo de reforma hacer y sus lineamientos fundamentales, los cuales deberían de ser incorporados en el proyecto de ley.
La comisión debería llevar a cabo reuniones con federaciones de trabajadores para obtener insumos que sean importantes en su labor; también debería solicitar un estudio interno del costo de las reformas propuestas, así como una valuación actuarial ex post en que se simulen los resultados y costos de propuestas alternativas y su sostenibilidad a largo plazo.
Todos los documentos de la comisión deben ser públicos a los efectos de transparencia y discusión ciudadana. Este procedimiento no solo enriquecería la reforma sino también daría legitimidad a la misma. Y si la discusión de las reformas constitucionales en el país, se diera democráticamente sería una buena oportunidad como ejemplo el tema de pensiones, de la importancia de considerarse en la reforma la aprobación del referéndum y plebiscito.
*Sindicalista salvadoreño
