En 1992, como parte de los Acuerdos de Paz, se acordó crear una nueva Policía en El Salvador, civil y democrática, respetuosa de los derechos humanos, que sustituyera a la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional y la Policía Nacional, cuerpos de seguridad militarizados que, en lugar de proteger a la población, aterrorizaban con impunidad, torturaban, desaparecían y asesinaban a discreción. Muchos salvadoreños recuerdan a esos cuerpos como auténticos terroristas de Estado. Y por ello, algunos todavía tienen fresca en la memoria la alegría con la que fueron recibidos los primeros miembros de la PNC al ser desplegados para iniciar su trabajo al servicio de la gente.
La nueva Policía, con su uniforme de pantalón azul, camisa blanca y gorra, su pistola enfundada como única arma de reglamento (en lugar de los fusiles y metralletas de antes), su amabilidad y educación, generó esperanzas de que se podía confiar en ella. Sin embargo, las cosas pronto empezaron a torcerse. Hoy, la PNC ha perdido en gran medida su carácter civil, se ha alejado de la población e irrespeta los derechos humanos. Cientos de casos dan fe de que miembros de la corporación se comportan como que si fuesen guardias nacionales, generando inquietud y temor ahí donde se hacen presentes.
Esa transformación ha sido intencional, provocada tanto por los liderazgos de la Policía como por sus agentes, contrariando así la misión institucional de aportar a una cultura de paz y de respeto a los principios democráticos. Es necesario, entonces, revisar a fondo los requisitos que se exigen para los ascensos dentro de la corporación y la formación que se imparte en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Parece ser que la realidad no se corresponde con la teoría. Aunque estudien los principios democráticos y los derechos humanos, la mayoría de agentes parecen desconocerlos, no los tienen en cuenta en sus actividades diarias. Otro elemento fundamental para garantizar la coherencia de la PNC con el objetivo con que fue creada es la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, la cual, a lo largo de sus casi tres décadas de historia, ha sido totalmente inoperante, no ha cumplido su función de velar y controlar “las actuaciones de los servicios operativos y de gestión del cuerpo, así como lo referente a los derechos humanos, procurando la observancia de los mismos en todo procedimiento o servicio policial”.
Urge devolverle a la PNC su carácter civil, democrático y respetuoso de los derechos humanos. Parte de ello es que la Inspectoría General cumpla con su deber y permanezca vigilante del accionar policial. Además, es necesario que cuando los miembros de la Policía cometan un delito, la Fiscalía cuente con la plena colaboración de la corporación, que en la actualidad más bien protege a los agentes acusados. Es imperioso también que los jueces sean implacables en los casos de crímenes y delitos cometidos por policías, en lugar de dar el beneficio de la duda a favor de los victimarios, en desmedro de las víctimas. Si no se actúa pronto con firmeza, si se sigue permitiendo el deterioro y la corrupción de la institución, en muy pocos años la PNC no tendrá nada que ofrecerle a los salvadoreños; será una Policía corrupta y temible, al igual que los cuerpos de seguridad a los que sustituyó.
EDITORIAL UCA
