Pocas veces en la historia reciente se ha renovado tanto la Asamblea Legislativa como en la última elección, y ello, inevitablemente, perfila una serie de retos para los nuevos diputados. En primer lugar, han de tomarse en serio la obligación de trabajar desde la ética y desde los principios fundamentales de la Constitución. Legislar no puede ser un acto de satisfacción de intereses particulares ni de obediencia a un mandato ajeno. Al contrario, es una responsabilidad que debe ser coherente con la propia conciencia, con la ética y con el bien común. Sería un logro y un avance para el país que se legislara escuchando a la población, buscando lo que es mejor para todos y protegiendo los intereses de las mayorías pobres y vulnerables. Si continúan los esquemas del pasado, agravados por el peso de la gran bancada del partido en el poder, se podría quebrar aún más la dinámica democrática, abriéndose el espacio para la imposición de los intereses de pequeños grupos tiránicos.
Si alguno de los nuevos diputados o de quienes los asesoran se preguntara dónde encontrar un código de ética básica para ejercer adecuadamente su rol, la respuesta sería simple: los grandes principios del primer artículo de la Constitución. En dicho artículo se define la igual dignidad humana como fuente de las obligaciones estatales: educación, salud, bienestar económico, justicia social y libertad. Como es sabido, la legislación e institucionalidad actual no aseguran esos bienes. Más de la mitad de la población no disfruta de bienestar económico. La desigualdad existente no tiene nada que ver con la justicia social. Los esfuerzos que se han hecho en favor de la educación y la salud aún no garantizan calidad. Las tareas pendientes son muchas y, por ello, debería haber un plan o proyecto que diera prioridades y direccionalidad a la tarea de legislar.
El Salvador cuenta con los recursos y la capacidad de producir soluciones justas a sus problemas. Si desean ser coherentes con el desarrollo que el país necesita, los nuevos diputados deben aprovechar esas capacidades. Tanto fuera como dentro del territorio nacional es fácil encontrar salvadoreños, instituciones y grupos de reflexión dispuestos a brindar ideas, colaborar con proyectos y comprometerse con todo aquello que conduzca hacia el desarrollo económico y la justicia social. Los nuevos diputados deben acercarse a la sociedad salvadoreña en toda su variedad y riqueza. Deben escuchar a los migrantes. Deben comprometerse con las mayorías que sufren necesidad y que en buena medida han puesto sus esperanzas en ellos al darles el voto. Por sí solos no podrán sacar adelante al país. Apoyarse en el colectivo, abrirse al diálogo y al debate, confiar en la buena voluntad de muchos, incluso de quienes les critican, será el único camino eficaz para enrumbar a El Salvador hacia un futuro solidario y justo.
EDITORIAL UCA
