Según declararon funcionarios del Gobierno, los diputados de Nuevas Ideas estaban decididos a legislar en favor de una ley del agua que tuviera en cuenta las necesidades de la población y que no diera pie a la privatización del servicio. Sin embargo, una vez sentados en la Asamblea, la comisión de medioambiente rechazó dar continuidad a los avances ya alcanzados en el proceso de aprobación de la normativa, porque, según la presidenta de dicha comisión, “las leyes anteriores no tienen ni la más mínima palabra para beneficio del pueblo”. Así, el trabajo previo pasó a archivo y los nuevos diputados comenzarán de cero. Se abren dos escenarios antes esta tendencia a barrer con el pasado: la inacción legal o hacer las cosas peor que antes.
La presidenta de la comisión parece ignorar que la anterior legislatura aprobó una enmienda constitucional para definir como un derecho básico constitucional el derecho al agua y al saneamiento. También que esa enmienda se aprobó acuerpada por muy diversas instituciones, incluido el arzobispado de San Salvador. El texto aprobado limitó los alcances de la propuesta ciudadana, que pedía no solo que el agua y el saneamiento se consideraran derechos constitucionales, sino que la administración del líquido fuera pública y sin fines de lucro. En lugar de optar por el cero, la nueva Asamblea debió abrir ojos y oídos a lo solicitado por instituciones con más conocimiento de la problemática del agua y mayor contacto con la población que los diputados. Difícilmente los nuevos legisladores podrán formular algo más favorable al pueblo salvadoreño que las propuestas ya presentadas y no plenamente aprobadas. No sería extraño que lo que ellos planteen tenga menor alcance social y sea vendido como una idea genial nacida de la nada.
El tema del agua es serio. Las continuas reparaciones en el sistema dejan sin servicio a amplios sectores de la capital; las protestas y quejas por la mala administración del agua no cesan. Las leyes son precisamente un instrumento para que los servicios necesarios para la población se ejecuten adecuadamente. La falta de legislación sobre el agua atrasa la tarea de elevar la calidad del servicio e impide que los usuarios puedan reclamar como corresponde. Ya se verá cuánto tardan los diputados en salir de su apreciado cero y si la población les tiene comprensión cuando el agua no llegue a las colonias.
EDITORIAL UCA.
