Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra.
La corrupción del presente Gobierno generó conflicto internacional con el mundo libre; para que fuese cubierto internamente, se destruyó la institucionalidad nacional: desaparecimiento de las garantías constitucionales, y nacionalización de las instituciones autónomas (autárquicas), por último, amenaza de destruir nuestra economía, con el uso de la moneda virtual y así, lograr financiamiento, posiblemente basado en el lavado de dinero. Todo este desastre, en poco más de cinco semanas, justificándolo como “revolución pacífica” contra la “oligarquía dominante”.
Los más de tres mil quinientos millones de dólares, gastados en la pandemia, aún no han podido ser auditados, pero la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), se encontraba estructurando doce casos, contra el presente Gobierno, por la corrupción y falta de transparencia, durante la pandemia y, la relación de los involucrados con carteles mexicanos.
Para encubrir y evitar las consecuencias de tales actos, se destruyó la institucionalidad del Estado: cambiando la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, atribuyéndose la Asamblea Legislativa, funciones que la Constitución no le confiere. Todo en su conjunto, destruyó la protección constitucional de las garantías individuales, que se realiza por la independencia de poderes y los diferentes recursos, resueltos en base a la Constitución y a la independencia de dichos poderes.
El rompimiento de la institucionalidad y la cancelación de la CICIES, nos pone contra el resto de sistemas democráticos, sustentados por el mundo libre, por lo cual se persigue ahora un aislamiento del país, en el cual la comunidad internacional, no tenga ninguna opinión o pueda relacionarse con la oposición democrática.
Parte de ese aislamiento, es interno, pues las entidades denominadas autónomas, en nuestra legislación (Autárquicas, según el Derecho Administrativo), tienen como finalidad, desarrollar intereses y políticas de largo plazo, con intereses de nación; razón de la conformación plural de sus Juntas Directivas. Cambiar la estructura de las mismas, para que los nombramientos, sean atribución exclusiva del Presidente Bukele, implicará una desnaturalización de sus funciones y una nacionalización; es decir, convertirse en extensión de Casa Presidencial, que dirigirá sus funciones y activos.
Parte de este gigantesco encubrimiento, es el anuncio de hacer el Bitcoin (una criptomoneda) como moneda de curso legal en El Salvador, lo que facilitaría aún más, el lavado de dinero y el financiamiento de carteles o, el desvío de fondos públicos, pero esto tendrá un impacto en la banca pues ésta, tendrá que convertir dicha moneda. Y si es moneda nacional, tendrá que tener un control, por medio de los servidores del Banco Central de Reserva, lo que no se ha hecho en ningún país del mundo, por las siguientes razones: su volatilidad, la imposibilidad de rastrear el financiamiento, cuando proviene de terrorismo o crimen organizado y, su nula utilidad en el comercio minorista diario. Esto ha sido advertido por el Banco Central Europeo y el BCR. La unidad de Bitcoin vale $ 36,000, con valor fluctuante y especulativo.
En suma, todo indica que en El Salvador inexorablemente, habrá caos, que beneficiará al Gobierno, que se sostiene por el engaño y coacción. La justificación es estar creándose una “Revolución pacífica” contra la oligarquía dominante y, los troles gubernamentales, anuncian nueva fase: “El desmontaje del aparato ideológico del viejo sistema”, equivalente a un “lavado de cerebro colectivo”: medio de destruir ideológicamente a la oposición.
Por estas razones es necesario, que exista oposición y resistencia, sin importar como sea, ni de donde venga, pero sí es necesario que exista, pues quienes corresponde hacerlo, la institucionalidad nacional y la Fuerza Armada, han desaparecido. Advertimos, anarquía y caos como futuro nacional.
