Por Irma Cantizzano.
A mayo la deuda pública del país superó los $22,295 millones, estos son $643 millones más que el cierre del año pasado. Si hoy tocara pagarla, cada salvadoreño debería aportar $3,483.7.
Si a las familias salvadoreñas nos tocara pagar la deuda pública del país en un solo pago, tendríamos que sacar de nuestros bolsillos $11,734; eso sería para cada una de las 1.9 millones de familias registradas en la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM).
Esos $11,734 implican más del 157 % de los ingresos promedio que tiene un hogar salvadoreño al año. Según datos oficiales, hasta 2019 el promedio de ingresos mensuales para los hogares del país era de $619.0. De estos los ingresos en la zona urbana son $728.3, mientras que en la rural de $435.2.
Ahora si la deuda nos tocara pagarla de manera individual, esta sería de $3,483.7 para cada uno de los 6.4 millones de salvadoreños, incluyendo a los más de 26 % que viven en pobreza y el 6 % que lo hace en pobreza extrema.
La deuda total representa actualmente el 84 % del PIB según datos oficiales, pero eso es tomando en cuenta la nueva proyección del PIB. A mayo, el Ministerio de Hacienda reportó que la deuda del Sector Público No Financiero, que incluye la del gobierno y la del sistema previsional, sumaba los $22,295.7 millones, $643 millones más que las registrada al cierre del año pasado.
La agencia calificadora Fitch Ratings, señalaba en junio pasado que la relación deuda sobre PIB se mantenga alta y que le tome tiempo estabilizarse, para este año proyecta que llegue al 91.8 %, frente a casi 89.2 % en 2020 y 70 % en 2019.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) detallaba recientemente que El Salvador era uno de los países con mayor alza de deuda en la región de Centroamérica, igualmente es uno de los más endeudados respecto al PIB en América Latina. Según los datos de esta institución el ratio deuda PIB cerró en 91.8 % en 2020. «Hay un problema ahí, en general han registrado un importante cociente de deuda total del sector público. Lo más preocupante es el servicio de la deuda», recalcó en esa oportunidad la secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
Cuando se habla de servicio de deuda es lo que el país debe pagar por los compromisos adquiridos y al cierre del año pasado este era de 22.01 % del PIB en 2019, 8 puntos más que en 2018. Esto también depende de la tasa de interés con el que se contraten los créditos.
La importancia del destino
El economista José Andrés Oliva del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES explica que el hecho de endeudarse no es lo malo, sino que es ese endeudamiento que no se pueda recuperar con el crecimiento económico.
«La visión óptima es que ese servicio tenga un impacto cuyo beneficio social supere la tasa de interés, si los beneficios económicos que surgen de los proyectos son mayores a los costos económicos, el costo que asumimos de la tasa de interés todos tendríamos a la larga mayor beneficio», explica.
Eso implica que aquellos créditos que regularmente se obtienen con organismos multilaterales para hacer obras públicas y sociales, es decir que se puede medir su impacto, son los ideales. Contrario son aquellos para apoyo presupuestario que Oliva llama «no recuperables» (en su inversión). «Por lo general las emisiones de títulos de eurobonos son para cubrir las brechas de los presupuestos y los créditos de las multilaterales van a financiar proyectos de inversión», detalla.
Del total de préstamos que tiene el país un 33.7 % es con bancos multilaterales o bilaterales, de los que las tasas son realmente menores a las del mercado. 27 % de las tasas que paga el país son menores a 3 %, mientras que 18 % de los préstamos estatales paga tasas entre el 3 % y 6 %.
Pero un 40 % de las tasas que tiene que pagar el país son entre un 6 y un 8 %, un 8 % paga entre 8 y 9 % y un 7 % paga más del 9 % de intereses, según datos del ministerio de Hacienda. Solo en el caso de la deuda a corto plazo, las tasas son arriba del 7 %.
«El gobierno ha aumentado su dependencia de los préstamos a corto plazo para satisfacer sus grandes necesidades de financiamiento en 2020, duplicando la deuda a corto plazo desde fines de 2019 a cerca de $2,000 millones», dice Fitch.
Para la agencia calificadora, los costos de endeudamiento interno que son bastante altos «reducen la flexibilidad de las autoridades».
FUSADES señala que de diciembre de 2019 a marzo de 2021, la deuda que más se incrementó fue la que se obtuvo a través de la emisión de bonos, que es la «fuente más onerosa de financiamiento».
Además, para Oliva, «es un problema estructural ya que la emisión de títulos (bonos) no tiene un seguimiento de impacto; el ciudadano ni se entera cómo esos millones han impacto en su vida. Las emisiones de eurobonos son las más caras, la última fue de 9.5 % por el riesgo país. Qué programa social tiene un rendimiento del 9.5 % si la economía crece un 2 % o un 4.5 %, la economía no está rindiendo lo que los recursos deberían de rendir».
Más deuda
El análisis de coyuntura de FUSADES SE señalaba que solo para la emergencia, el año pasado se autorizó contraer endeudamiento por $3,476.9 millones. Se esperaba que este año las necesidades disminuyeran, ya que habían gastos temporales que se hicieron por la pandemia que ya no se harían este año.
Pero desde mayo que asumió la nueva Asamblea Legislativa hasta el 14 de julio, los diputados habían aprobado $2,781 millones en deuda y aunque no todo esto se incorporará al presupuesto de manera inmediata, implica que las metas que se esperaban cumplir para bajar el ratio de la deuda-PIB sería difícil de lograr.
Y las pautas planteadas en la negociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) también. Habrá que esperar que realmente se logré firmar este acuerdo que daría un respiro a las finanzas públicas o qué otras medidas se tomarán para no continuar la tendencia alcista de la deuda, porque de hacer de nuevo este ejercicio a los salvadoreños les tocaría pagar más en 2022.
También habrá que verificar con la EHPM de 2020 cómo cambiaron los ingresos de las familias por la crisis económica, ya que eso implicaría que quizás tendrían que destinar el doble del ingreso anual y si fuera de manera personal (incluyendo niños y ancianos), más del 91 % del PIB per cápita.
Fuente: El Economista.
