Por José María Tojeira.
Desde hace muchos años hemos denunciado la exhibición de los detenidos por parte de la PNC, con frecuencia mal vestidos y semidesnudos. Especialmente los pobres eran los peor tratados. La prensa amarilla de aquellos tiempos incluso nos mostraba supuestos delincuentes capturados en la noche en sus viviendas y en alguna ocasión incluso con el pie de un policía encima. Hoy las cosas han cambiado muy poco. La experiencia de quienes damos seguimiento al funcionamiento de la justicia es clara: La Fiscalía y la PNC detienen a jóvenes acusándolos de muy diversos crímenes. Se les exhibe semidesnudos y como si fueran culpables. Se les tiene durante un lento y engorroso proceso durante dos años en la cárcel, mezclados con las personas ya juzgadas y condenadas a privación de libertad, y al final se les termina liberando o absolviendo por falta de pruebas. Aunque se logran algunas condenas, son más los que salen liberados que los que se quedan, al menos si contamos todas las denuncias. Y la violación de Derechos Humanos en el modo de actual policial y fiscal queda patente. Incluso en algunos aspectos ni se respeta el código procesal penal.
La Fiscalía, además, utiliza con frecuencia testigos criteriados. En ocasiones verdaderos asesinos que por tener un alivio en sus condenas están dispuestos a decir lo que se les pida. En otras ocasiones verdaderos mentirosos o simplemente expertos en ser testigos criteriados, a veces acusando a cuarenta, cincuenta o más supuestos delincuentes. El abuso de poder fiscal, la tendencia a plegarse a los intereses del Poder Ejecutivo, ha sido una enfermedad constante en El Salvador. Algunos casos exitosos no ocultan el mal funcionamiento de una Fiscalía con labores contradictorias, acostumbrada a defender al Estado en las instancias de Derechos Humanos internacionales, y a violar esos mismos Derechos internamente.
Los malos procesos de detención se están además ahora mezclando con temas políticos. En el caso de los sobresueldos se está exhibiendo a los políticos detenidos e incluso declarándolos culpables de delitos complejos, como son el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito. Lo cierto en el caso de los “sobresueldos” es que todos los que los han recibido deberían pagar los impuestos que evadieron, muchas veces porque los mismos oficiales del Gobierno que les daban el sobre les decían que no declararan ese dinero a Hacienda. Pero eso es una cosa, y otra unas acusaciones que, al menos en algunos casos, no son justificables. El uso de testigos criteriados contra personas que claramente carecen de poder y en un caso con color político, muestra el estilo manipulador de la Fiscalía. Mientras deja en la impunidad crímenes de guerra y de lesa humanidad, trata de elevar con testigos criteriados el rango de los delitos cometidos por los políticos.
Ciertamente es sano y necesario en una democracia que todas las personas, políticos, empresarios o de cualquier oficio que sean, paguen sus impuestos. Y si los han evadido, aunque haya sido por consejo de sus superiores jerárquicos, que se les obligue a pagar lo evadido e incluso que tengan algún tipo de multa añadida a la deuda. Ser político y evadir impuestos es más grave que hacerlo desde otras posiciones sociales. En ese sentido incluso debería haber algún tipo de sanción mayor. Pero lo que no se puede hacer es confundir automáticamente la evasión de impuestos con el lavado de dinero y mucho menos exhibir como culpables a los acusados. Alguna persona mal intencionada podría decir con cierta razón que los políticos de ayer, que respaldaban la exhibición de detenidos calificándolos de culpables, están recibiendo el mismo tratamiento que ellos respaldaron. Pero en El Salvador la “ley del talión” es ilegal. Si algo es injusto para unos, es injusto para todos. Y cuando la injusticia se lleva a cabo contra políticos de supuesta oposición, con lujo de propaganda, con insultos, con manipulación de la normativa vigente y con condenas anticipadas a las sentencias judiciales, el papel de la Fiscalía, ineficiente en otros crímenes más graves, puede ser calificado éticamente como corrupto.
* José María Tojeira, director del Idhuca.
