El Salvador atraviesa una nueva etapa crítica de contagios de covid-19. La presencia de distintas variantes del coronavirus, algunas de ellas más contagiosas y más peligrosas, junto con la relajación de las medidas de prevención entre los ciudadanos, ha incrementando el número de contagios y la cantidad de personas en estado grave que requieren atención hospitalaria. Consecuentemente, también ha aumentado la cifra de fallecidos a causa de la pandemia. Esta situación —que, al parecer, constituye una tercera ola de contagios— requiere de la atención inmediata de las autoridades sanitarias, pero también de la población en general; de lo contrario, las pérdidas de vidas humanas serán cuantiosas. Es urgente intensificar los esfuerzos para detener la enfermedad y retomar con seriedad las medidas preventivas. Ello es responsabilidad tanto de la ciudadanía, que debe asumir y respetar las medidas por su propia iniciativa, como del Gobierno, que debe respaldarlas con las acciones pertinentes y desarrollar una verdadera campaña educativa sobre el covid-19.
Asimismo, es necesario que se incremente el número de pruebas y que estas se hagan con mayor inteligencia y siguiendo criterios científicos, de modo que sean un instrumento real y efectivo en la lucha contra el coronavirus. Es irresponsable que se siga realizando el mismo número de pruebas diarias desde el mes de junio del año pasado, a pesar de la importancia de las mismas en el combate al covid-19 y que la presencia de este no ha dejado de incrementarse. Es inaceptable que en los hospitales mueran personas a las que se las cataloga como sospechosa de contagio porque nunca se les hizo la prueba PCR-RT, a modo de detectar con seguridad la presencia de la enfermedad.
Si bien hay que reconocer que el proceso de vacunación se está realizando con agilidad (según las estadísticas oficiales, al 10 de agosto ya han recibido las dos dosis 1,765,055 personas, aproximadamente el 30% de la población), todavía se está muy lejos de alcanzar el porcentaje de cobertura requerido para avanzar hacia la inmunidad colectiva. Además, la vacuna contra el covid-19 no actúa como las que inmunizan ante otras enfermedades. Esta vacuna, independientemente del laboratorio que la produzca, no impide completamente el contagio ni la transmisión de la enfermedad, solo reduce la probabilidad de fallecer a causa de ella. Más aún, con las nuevas variantes, esta seguridad disminuye. Por ello, no se puede confiar únicamente en la vacuna. Corresponde pensar bien qué tipo de actividades deben restringirse y cuáles no, siendo el criterio principal a tener en cuenta la menor probabilidad de contagio.
Es absurdo que los niños no puedan ir a centros educativos en los que se siguen todas las medidas de bioseguridad requeridas mientras se permiten aglomeraciones descontroladas en estadios, playas y otros espacios de ocio. Es contradictorio que las personas se encuentren para comer en restaurantes donde se quitan la mascarilla, hablan en voz alta y no respetan el distanciamiento físico, lo que convierte a esos lugares en sitios de alto riesgo, y a la vez pongan reparos para asistir a su centro de trabajo, incluso si en este es obligatorio usar mascarilla y mantener la distancia física reglamentaria. Al igual que asistir a fiestas en las que se socializa como si no existiese el covid-19 y oponerse a ir a clases presenciales en la universidad por temor a contagiarse.
La lucha contra el covid-19 requiere de la colaboración de todos, sin excepciones. Por tanto, todos debemos estar dispuestos a realizar los sacrificios necesarios para evitar su propagación. Si no, el virus seguirá ganando la batalla. Un comportamiento comprometido con las medidas de bioseguridad es lo menos que se espera de buenos ciudadanos; el tipo de ciudadano que no solo busca su propio interés y satisfacción, sino el interés colectivo y el bien común.
EDITORIAL UCA.
