Las reformas constitucionales permitirán la consolidación de poder que pretende Nayib Bukele, para dar al Estado, la forma que le sea favorable a su estructura de poder. La oposición, no puede actuar, pues está siendo sistemáticamente destruida en los medios, anulado su financiamiento, y con los distintos procesos contra la corrupción, destruyendo a personas a instituciones, para luego ir en contra de las ideas que sustentan el Estado de Derecho, la República y la Democracia.
Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Esperar que estos cambios podrán ser revertidos en las elecciones del 2024, es pura ilusión, pues el objetivo, es la destrucción de toda estructura opositora, sea esta política o económica.
Las reformas a la Constitución no son tales, pues cambian su espíritu, forma y procedimientos: de democracia republicana y representativa, vuélvese sistema presidencialista republicano, basado en la democracia participativa, con pleno control del Estado sobre el poder de decisión individual y, de la economía, convirtiéndolo en un sistema político y económico dirigido, típico del autoritarismo
La nueva constitución ofrece varias contradicciones, siendo la primera, en su exposición de motivos: llama a la unidad centroamericana y luego, no lo desarrolla en ningún artículo, salvo en la necesidad de un referéndum, para la integración centroamericana en su forma económica, poniendo en riesgo la estabilidad de Centroamérica.
Este proceso desestabilizador, ya lo ha iniciado Nayib Bukele, con la subvención de Nuevas Ideas en Honduras y Guatemala, utilizando para ello, fondos destinados a la pandemia, explotando los resentimientos contra los gobiernos hermanos, en una injerencia muy clara, que espera, si alcanza a fructificar, poder tener la influencia necesaria a su favor, es una nueva forma de expansionismo, a costa de donaciones, préstamos e impuestos. En la propuesta de Constitución, el centro es el Estado y en su derredor, giran el individuo, su actividad y bienes. En la Constitución actual, el individuo es el centro de la actividad del Estado.
Este cambio, convierte al Gobierno en el centro del Estado, al que podrá dirigir a conveniencia. Las garantías constitucionales, dependen de la voluntad del Gobierno y no de los derechos manados de la Constitución y, garantizados por el debido proceso, dentro de la institucionalidad nacional.
Las investigaciones desde la Asamblea, sobre los sobresueldos y ONG´S, es parte de la publicidad gubernamental, para generar en la oposición, un proceso sicológico, denominado “indefensión aprendida”: que la oposición piense en su “culpabilidad” y admita el “castigo social”, en total indefensión.
Es evidente que las comisiones poseen más información de la que dicen tener y la deforman en un teatro público, que asemeja un “juicio popular”, y que sirve de ejemplificación, como lo fueron la tortura, el cepo o la ejecución pública y no, la de una verdadera investigación institucional. Así, quien no participó en los gobiernos anteriores, pero que tiene ideología antagónica al presente Gobierno, piensa sobre las consecuencias de su participación actual: si participa, apoya la corrupción e inmoralidad y, si participó, tuvo que lucrarse y será castigado en el futuro.
Las reformas, en su parte medular, confunden garantías constitucionales con derechos sociales, situación que sólo puede ser concebida, en un Estado socialista, pues los Derechos, según lo vea el Gobierno, dependen de las necesidades de la colectividad. Los bienes, estarán en función social, lo cual es conforme a esta forma de gobernar.
La pregunta es ¿la oposición reaccionará, o esperará a que sea en las próximas elecciones en del 2024? Las reformas constitucionales, plantean que el período presidencial será de seis años y no cinco, pues al entrar en vigencia, Nayib Bukele, podrá acogerse a esta disposición y, ampliar su mandato, sin elección alguna.
