El Equipo Ad Hoc para el estudio y propuestas de reformas a la Constitución de la República invitó esta semana a distintas organizaciones de la sociedad civil a una presentación del proyecto.
“Es válido actualizar la Constitución en debida forma, pero este proceso, y bajo el actual contexto, no otorga condiciones de legitimidad democrática”, manifestaron a través de un comunicado las organizaciones FESPAD, FUDECSO, Acción Ciudadana, DTJ, CEJ, FUSADES, ANEP, FUNDE y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador.
Las organizaciones manifestaron su apertura a participar y aportar en los proyectos de desarrollo y bienestar del país. Pero advirtieron que mientras no se generen condiciones democráticas, existe el riesgo de que su participación se use solo para dar una apariencia de legitimidad a un proceso que no la tiene. “Por ello no participaremos. ¡Así no!”, enfatizaron en el comunicado.
@FESPAD_sv fue invitada a la presentación del documento que contiene el Anteproyecto de Reformas a la Constitución, por parte del equipo Ad Hoc. pic.twitter.com/ZCyOBYGO59
— FESPAD (@FESPAD_sv) August 17, 2021
Advierten que el proyecto de reformas a la Constitución es impuesto desde Casa Presidencial y por tanto es imposible confiar, tras eventos como la ocupación militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, conocido como 9F; el Golpe de Estado fallido del 1 de Mayo, cuando fueron destituidos los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República, y la imposición inconsulta del Bitcoin.
Las organizaciones manifiestan que las reformas deberían estar sujetas al control de una Sala de lo Constitucional legítima e independiente, sin embargo consideran que los magistrados impuestos, el 1 de mayo pasado, carecen de legitimidad y no dan garantías de una revisión independiente.
Además, advierten que el Gobierno quiere modificar la cláusula pétrea que establece el tiempo de espera para la reelección presidencial, el cual no puede reducirse de dos a un período después de terminar el primer período para ejercer la presidencia.
“Antes de reformar la Constitución, deben existir condiciones democráticas, que garanticen efectivamente los derechos de las personas y debe restaurarse el orden constitucional roto por el golpe de Estado del 1M”, enfatizan las organizaciones de la sociedad civil.
Al respecto, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA, José María Tojeira, escribió en su cuenta de twitter: “Lo siento, pero hacerle 200 reformas a la actual Constitución me parece una manipulación antidemocrática. Sobre todo cuando la Constitución no se respeta y quienes hacen la propuesta de reforma callan o aplauden violaciones constitucionales. Primero el respeto, reformas después”, concluyó el sacerdote jesuita.
