La última quincena de septiembre estuvo marcada por los esfuerzos del Gobierno por reaccionar y contrarrestar a la multitudinaria marcha del 15 de septiembre. En lo que va de la actual gestión, la del bicentenario fue la más grande expresión de descontento de la sociedad civil. La actividad reunió a sectores muy diversos y con demandas también diversas, pero todas aglutinadas bajo el denominador común de la disconformidad con actuaciones del gobierno.
La marcha impactó fuerte en los que dirigen al país, no porque lo hayan reconocido, sino por las reacciones que siguieron. La primera de ellas se dio el mismo 15 de septiembre, por la tarde-noche, en el acto de conmemoración oficial del bicentenario transmitido en cadena nacional desde la casa de gobierno. El discurso del presidente inició precisamente con el intento de desprestigiar la manifestación con argumentos poco lúcidos. Bukele señaló que había sido financiada por agentes externos y que mucha de la gente que participó no sabía lo que andaba haciendo. La reacción fue de manual de bolsillo como las que protagonizaban los gobiernos militares cuando la población se manifestaba en las calles. El Gobierno también ha utilizado como estrategia el anuncio de mega obras que –según dijo el presidente- pronto se pondrán en marcha, como el Tren del Pacífico, el aeropuerto de oriente, la construcción de un nuevo Hospital Rosales, la construcción de otro nosocomio en la zona norte del área metropolitana, un nuevo estadio de fútbol y otras edificaciones más. En una estrategia más planificada, pero con el mismo dolo, se ha intentado desprestigiar a instituciones y personas que participaron en la marcha del 15 de septiembre para hacer ver que la misma fue una especie de complot. Bukele señaló públicamente a un directivo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) de ser uno de los instigadores para quemar una caseta de un cajero electrónico “Chivo”, pero la acusación fue tan burda que no tuvo mayor trascendencia.
Además, uno de los jueces que ha encabezado las protestas de su gremio denunció que fue objeto de intimidación y acoso por patrullas de la policía que rodearon su casa de habitación. Posteriormente este juez fue trasladado hacia otro juzgado. En otro intento de recuperar el apoyo aparentemente perdido, el presidente ha hecho énfasis en que las propuestas de cambios constitucionales que podrían posibilitar el aborto, la eutanasia y el matrimonio igualitario serán eliminadas del conjunto de reformas que fueron presentadas por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en Casa Presidencial el mismo 15 de septiembre. El presidente incluso ha llamado a la población a unirse para defender la vida –como si no hubiera sido su mismo grupo el que provocó la situación- contra los poderes oscuros que se oponen a la construcción de una nueva república. Otro ingrediente que condimentó la coyuntura estos días fue la inclusión de los magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional en la lista Engel y la intervención, en un programa de televisión de la encargada de negocios de la embajada estadounidense en la que habló sobre el rumbo autocrático del presente gobierno. El presidente por su parte, tanto en el discurso del bicentenario como después, ha insistido en que lo que el país vive es una democracia, que se manifestó en el voto popular de 2019 y 2021, y que los eligió para hacer los cambios necesarios para cambiar radicalmente al país. Desde su perspectiva, el Gobierno solo obedece a la voluntad popular.
El problema de fondo es que el Gobierno no termina de entender que su discurso no coincide con la realidad. Pareciera que su principal herramienta para mantener el respaldo social – la estrategia mediática- está agotando su cometido de presentar un país distinto y mejor desde que llegó al poder. Se habla de democracia cuando se ha eliminado la separación de poderes; se acusa de corruptos a los gobiernos anteriores mientras la corrupción ya es prácticamente inocultable en el actual. Pero lo más decisivo de cara a la mayoría de la población es que la grandilocuencia de los gobernantes refleja que no se han percatado de la situación que vive la población. Las finanzas públicas, según los especialistas y conocedores, auguran para los próximos meses un escenario dramático y la economía familiar resiente cada vez más el aumento del costo de la vida. La oposición al bitcóin, que fue la demanda más común entre los diversos sectores en la protesta del 15 de septiembre, no ha importado y la medida sigue siendo impulsada con terquedad por el Gobierno a pesar de que el rechazo de la población tampoco le depara un futuro prometedor. Un pueblo puede estar sufriendo, pero si hay signos que apuntan a que la situación mejorará, la esperanza lo anima a seguir resistiendo. Esa esperanza parece estarse perdiendo, como lo reflejan las últimas encuestas de opinión.
Además, el decreto legislativo que obliga a la destitución de 249 jueces mayores de 60 años o con 30 o más años de servicio debía ser detenida por unas medidas cautelares ordenadas por la Cámara de Familia de San Miguel, porque, según el juez, viola los derechos de los implicados según la Convención Interamericana para la protección de los derechos humanos de las personas mayores, de la cual El Salvador es suscriptor. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia simplemente ignoró la decisión del tribunal y se dedicó a nombrar lo que muchos han llamado “jueces a la carta” sin seguir ningún proceso que acredite su idoneidad más que supeditar su actuación a la voluntad del régimen de turno. Quien pensó que con la demostración ciudadana del 15 de septiembre el Gobierno recapacitaría en el rumbo, se equivocó. Al contrario, sigue con su libreto que no responde a la realidad de la población y del país.
El momento que vive El Salvador se expresa de manera representativa en torno a la actuación de la selección nacional de fútbol, uno de los pocos símbolos de cohesión nacional que quedan, pero también uno de los mayores elementos de enajenación de la realidad. Algunos condenaron la marcha del 15 de septiembre por promover la aglomeración de miles de personas, pero callan y hasta promueven otras situaciones. Mientras el país, según alerta el gremio médico y el personal que trabaja en los hospitales, está cercano a colapsar por un nuevo rebrote de covid-19, las entradas para el partido contra México del 13 de octubre están a punto de agotarse. Costa Rica decidió limitar el aforo para sus partidos a 3,000 aficionados equivalentes a un 8.5% de la capacidad de su estadio, El Salvador ha autorizado la venta de 31 mil entradas en un estadio con similar capacidad al de Costa Rica. Las vacunas protegen pero no dan inmunidad. Además, mientras los bares, discotecas y antros funcionan como si no existiera el virus, se suspenden las clases presenciales y las prácticas de estudiantes. Este es el país que tenemos. Inmerso en una tremenda crisis política, económica y de salud, que quiere opacarse con distractores, ya sean mentiras o espectáculos.
* Gabriel Escolán, asesor de la Oficina de Asistencia Legal de la UCA. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 63.
