Editorial UCA.
Se espera que en los próximos días el Gobierno presente a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Hay una razón fundamental que justifica y hace necesaria la reforma: el actual sistema de ahorro privado solo es capaz de otorgar a la mayoría de los trabajadores la pensión mínima, es decir, 304 dólares, independientemente del salario recibido durante la vida laboral. Ello se debe a que al dividir la cantidad ahorrada por cada trabajador entre 240, el número de mensualidades que establece la ley, el resultado es casi siempre menor a la pensión mínima. Sin embargo, hay que señalar que esto beneficia a las personas con los salarios más bajos y perjudica a los que han recibido mejores sueldos.
El problema con las pensiones que ofrece el sistema no se debe únicamente al negocio de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) ni se solventará con una administradora pública. Debido a los bajos intereses que actualmente ofrece el mercado de capitales, los sistemas de pensiones como el nuestro, basados en el ahorro privado, requieren de más años de trabajo y de mayores aportaciones o cotizaciones para acumular el capital necesario para ofrecer buenas pensiones. En los sistemas de pensiones basados en el ahorro individual, el monto de la pensión depende de lo que cada cotizante logra acumular con sus aportaciones y de la rentabilidad que esas aportaciones obtienen en el mercado; no depende de nada ni de nadie más.
Para satisfacer la demanda de mejores pensiones, equivalentes al 70% o 75% del salario previo a la jubilación, tal como están pidiendo algunos representantes sindicales, habría que implementar cambios en el sistema actual que tampoco serían del agrado de los trabajadores: (a) incrementar el número de años a cotizar para pensionarse; (b) aumentar el porcentaje de las cotizaciones mensuales; y (c) elevar la edad mínima para jubilarse. Sin embargo, estos cambios, que tendrían un importante impacto en la economía familiar y nacional, generarían otro problema: dejarían sin derecho a pensión a más personas por no tener estas el número de años de cotización requeridos para pensionarse, debido a la precariedad del mercado laboral salvadoreño.
La alternativa es un cambio radical: abandonar el sistema de ahorro privado e implementar un sistema de reparto, basado tanto en los aportes de cada trabajador y su respectivo empleador como en la solidaridad intergeneracional, en la que los trabajadores activos apoyan con sus aportes el pago de las pensiones de los jubilados. Este tipo de sistemas son capaces de ofrecer mejores pensiones y ser sostenibles siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Primero, la persona que recibe pensión debe retirarse, a fin de que su puesto sea ocupado por alguien en edad laboral. Segundo, la edad de jubilación debe estar acorde con la expectativa de vida: a mayor expectativa de vida, mayor edad de jubilación; a menor edad de jubilación, menor la pensión a otorgar. Tercero, el sistema debe ser equitativo para hombres y mujeres, y debe tratar a todos los derechohabientes por igual, sin excepción. Cuarto, los aportes al sistema de pensiones deben ser acordes a las pensiones que se otorguen. Quinto, por cada trabajador pensionado debe haber un número mínimo de trabajadores activos; actualmente, en el caso de El Salvador, se requerirían seis personas trabajando por cada trabajador pensionado. Sexto, el monto de las pensiones debe estar relacionado con los años trabajados. Y séptimo, las pensiones a otorgar deben tener un valor mínimo y uno máximo en función de cálculos actuariales.
Es totalmente imprescindible, además, que el nuevo sistema de pensiones esté blindado, es decir, que los fondos que se aporten al sistema no puedan ser utilizados para nada más que para el pago de pensiones. En este sentido, el patrimonio actual del sistema de pensiones debe ser respetado y debe garantizarse que se destinará únicamente al pago de las pensiones. Asimismo, es esencial que las decisiones sobre las pensiones se tomen con base en argumentos y estudios técnicos, nunca por intereses políticos. Por esto último, tanto los trabajadores como los empleadores y el Gobierno deben estar representados en la instancia que administre el nuevo sistema previsional.
El sistema de pensiones de El Salvador requiere un cambio de raíz si lo que se pretende es responder al derecho de los adultos mayores a una vida digna y garantizar los aspectos fundamentales de un sistema de protección social universal: participación de toda la población económicamente activa, independientemente de si las personas son empleadas o trabajan por cuenta propia, y del rubro de la economía en el que se desempeñan; pensiones dignas tanto para las actuales como para las futuras generaciones; autosostenibilidad del sistema, de modo que el monto total de los ingresos por las cotizaciones sea al menos igual al del total de egresos por pago de pensiones y cualquier otro beneficio que el sistema otorgue. Estos son los retos. De no responderse a ellos, una vez más se quedará en deuda con los trabajadores salvadoreños y se profundizará la inequidad en el país.
Editorial UCA.
