El Estado y Religión en el Siglo XXI, Poder, control y consenso

El desarrollo de sistemas sociales y políticos complejos se ha visto reflejados por el desarrollo de un contrato social entre sus integrantes; es un contrato implícito entre quienes conviven en espacios sociales que los llevan a definir modos de convivencia, interacción o cooperación.

Por: Elio Masferrer Kan*

En estos procesos, los sistemas religiosos y políticos confluyeron y afrontaron también fuertes contradicciones en el tránsito de la monarquía a la república, de la “voluntad divina” a la “voluntad popular”. La construcción de nuevos sistemas de legitimidad fue motivo de fuertes controversias en la construcción de los estados nacionales.

Los nuevos estados también fueron objeto de fuertes disputas entre distintos grupos sociales y económicos quienes trataron de amoldar estas realidades políticas a sus intereses. Las iglesias tuvieron que oscilar entre el poder de sus elites y los sistemas de valores que impulsaban sus textos sagrados. La discordancia entre la Ley de Dios y la Tradición de sus Papas, obispos y pastores. Los estados se proponen impulsar el bien común, aunque en muchas ocasiones sólo benefician a quienes los gobiernan. La fundación de estados-naciones parte de una ficción política y consiste en suponer que su población es social y políticamente homogénea, formados por ciudadanos iguales ante la ley.

La segunda mitad del Siglo XX fue de consolidación de los estados nacionales en el planeta. Los procesos de descolonización de Asia y África parecían definir la geografía. La caída del Muro de Berlín y la descomposición de la Unión Soviética y Yugoslavia dio lugar al surgimiento de nuevos países. En África las divergencias étnicas y religiosas sirvieron de base para la fundación de nuevos estados: Sudán del Sur, Somalia y Eritrea para mencionar algunos casos. Cuando pensábamos que el mapa se había consolidado, tenemos enfrente nuevas crisis estructurales causadas por la consolidación al frente de los estados-nación de grupos que representan hegemonías de diferentes características: étnicas, “raciales”, lingüísticas y religiosas que surgen y resurgen constantemente; estas discrepancias o diferencias minan la construcción de consensos que hacen viable el funcionamiento del estado nación como fue inicialmente estructurado.

Debo destacar que existen muchos ejemplos de construcción de sociedades multiculturales y pluriétnicas exitosas y que mantienen estructuras consistentes. La Confederación Helvética, mejor conocida como Suiza, es un modelo exitoso basado en una democracia participativa donde todas las cuestiones importantes se consensan mediante plebiscitos, su unidad se basa en el respeto a la diversidad lingüística (cuatro lenguas) y religiosa.

El Siglo XXI se está caracterizando por un giro radical en muchos estados que no logran establecer nuevos consensos, acordes con el desarrollo de la conciencia social y el reclamo de los derechos de las minorías, las cuáles en muchos casos son mayoría en regiones, donde su articulación a los estados nacionales es percibida como una relación de colonialismo interno, concepto acuñado por Pablo González Casanova.

Las relaciones de colonialismo interno minan la estabilidad de los estados plurales pues se expresa en relaciones de opresión que se enmascaran en otras cuestiones, lo más notable es el acceso diferencial a los servicios del estado y de las oportunidades que brinda la sociedad nacional, a lo que se agrega una noción de superioridad y de derechos en sí de un grupo que es percibido, y se concibe a sí mismo, como “más” que los otros, o las otras. Se abre así una larga lista de “diferentes” discriminados.

En Canadá, los europeos y sus iglesias se sintieron con derecho a imponer la asimilación forzosa de los pueblos originarios. En Estados Unidos, la población afroamericana y la de origen asiático son vistos como ciudadanos de tercera, los católicos son percibidos con cierta desconfianza por la menguada mayoría WASP (blancos, anglosajones y protestantes). En muchos países de América Latina, los indígenas, campesinos, marginados urbanos, afrodescendientes y minorías religiosas son privadas de sus derechos humanos a lo cual podemos agregar la discriminación patriarcal contra las mujeres que se expresan en la privación de sus derechos específicos, cuya expresión más aguda es el feminicidio.

La necesidad de construir nuevos consensos que garanticen el futuro de los estados nacionales contemporáneos es un desafío para los políticos, quienes deben garantizar el acceso libre a los derechos y garantías, de ello depende la estabilidad y el futuro de nuestros países; la autosatisfacción de quienes contemplan los “estados fallidos” están en el error de suponer que no hay problemas “porqué todos somos iguales”, sin asumir que lamentablemente “muchos no son tan iguales”.

*Doctor en antropología, profesor investigador emérito ENAH-INAH

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