La Comisión Internacional de Juristas está preocupada por los ataques a la independencia del Poder Judicial en El Salvador y llama a la comunidad internacional a adoptar medidas urgentes ante los ataques contra la independencia de fiscales y jueces en este país. La institución detalló en tres actos la cooptación del poder en el país.
La comunidad jurídica internacional afirma que Nayib Bukele, luego de una elección democrática en 2019, como presidente de la República, logró en 2021 que, tanto el partido que fundó como otros afines al oficialismo, obtuvieran un masivo apoyo electoral logrando el control del Poder Legislativo, con mayoría absoluta. Sin embargo, inmediatamente después, empezó a buscar la concentración y control de todos los demás poderes, en tres actos.
Inicialmente, se ordenó la destitución de los magistrados de la “Sala del Constitucional”, del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de la República. No se garantizó un debido proceso legal.
En el segundo acto, se llevó a cabo una elección por parte de la Asamblea Legislativa de los magistrados que integran la Sala del Constitucional y el fiscal, todos de la tendencia política del nuevo presidente de la república.
En tercer lugar, la reforma de la Carrera Judicial emprendida incluyó la destitución de los jueces con 60 años de edad y 30 años de carrera, con el desprecio por la experiencia y el conocimiento de los jueces.
La ola de control que se apodera del Poder Judicial, permitirá instaurar y consolidar un sistema autoritario, con efectos adversos para los derechos humanos y el Estado de derecho, señala la Comisión Internacional de Juristas. Por lo que hace un llamado urgente, tanto al presidente de la República como a la Asamblea Legislativa de El Salvador, para que dejen sin efecto las medidas adoptadas que afectan gravemente la independencia del Poder Judicial, y por tanto, llama a garantizar su plena independencia, autonomía e imparcialidad.
Además, insta a la comunidad internacional y en especial a la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas a adoptar, con base en los instrumentos internacionales vigentes, las acciones necesarias para proteger la independencia de los fiscales, jueces y tribunales en El Salvador. Con ello, también, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en El Salvador.
