Aunque la recaudación tributaria ha mejorado, el ritmo del gasto corriente y aumento del riesgo país pone más presión a las finanzas públicas, advierte FUSADES.
La recaudación tributaria en El Salvador muestra este año un buen desempeño y ha superado las metas presupuestadas; sin embargo, la expansión del gasto público apunta a un déficit fiscal insostenible y un nivel de endeudamiento demasiado alto como porcentaje del producto interno bruto (PIB).
Esto es parte de las conclusiones que la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) plantea en su reciente Informe de Coyuntura Económica.
El informe señala que la recaudación fiscal en el país comenzó a recuperarse a partir de julio de 2020. Durante enero-septiembre de 2021, los ingresos tributarios netos aumentaron $946.6 millones (27.7 % comparado al año pasado) llegando a $4,367.2 millones, lo que marcó un récord.
El 61 % de este incremento proviene del impuesto al valor agregado (IVA) que aumentó 39.4 %, mientras que el 25 % es debido al impuesto sobre la renta (ISR) que tuvo un incremento del 16.2 %; los aranceles tuvieron una expansión sustancial del 64.3 %, pero por su participación solo aportaron un 8.6 % del incremento de la recaudación.
Estos son los tres tributos con el mayor incremento y que compensaron la eliminación de las dos contribuciones especiales para seguridad.
En general, salvo el impuesto al cigarrillo y el ad valorem sobre los combustibles, todos los demás tributos se incrementaron, pero tienen una menor participación. Además, se debe tomar en cuenta que se está comparando con el año pasado cuando se registró una caída inédita de estos.
«En la recuperación de la economía y, por ende, de la recaudación, han influido principalmente factores externos como el crecimiento alto de las exportaciones y de las remesas –asociados, en parte, al estímulo de la economía de Estados Unidos–; pero también por factores internos como la apertura de la economía y el combate de la evasión», indica FUSADES.
La previsión de la recaudación para 2021 es que se alcanzaría $5,598.2 millones y la recaudación presupuestada para 2022 es de $6,318.2 millones.
Dichas proyecciones, superiores a la tendencia, llevan a esperar que la carga tributaria alcance un máximo histórico de 20.2 % del PIB en 2021 y que se proyecte un 21.8 % en 2022; lo que implicaría un ajuste hacia arriba de 3.5 puntos en solo tres años en la carga tributaria.
Pese a este buen ritmo de recuperación de los ingresos del Estado salvadoreño, FUSADES advierte que «el déficit fiscal permanece alto», ya que el gasto se ha mantenido por encima de los ingresos por varios meses. «Este ritmo de las erogaciones no es sostenible dada la situación fiscal» , reza el documento.
Las autoridades han proyectado para 2021 un déficit fiscal del sector público no financiero (SPNF) anual de 7.6 % del PIB. A septiembre, este asciende a $919.2 millones, que es igual a un 43.5 % de la brecha que se registró a esa fecha en 2020, pero que es 240.6 % más elevado que en el mismo período de 2019 ($382.1 millones).
Más gasto
Cabe recordar que uno de los efectos de la pandemia fue la rápida expansión del gasto, que estuvo financiado en su mayor parte en deuda.
A septiembre de este año, el gasto total del SPNF asciende a $6,106 millones, con lo que se redujo en $213.6 millones (3.4 %), con respecto al año anterior. No obstante, en relación con la situación prepandemia, el gasto presenta un aumento significativo, por cuanto implica $1,202.5 millones (24.5 %) más que durante enero-septiembre de 2019.
Este gasto ha estado basado en deuda, a septiembre se tuvo un ahorro corriente negativo de $1,244.7 millones y $289.8 millones en 2020 y 2021, respectivamente, reflejando el endeudamiento para gasto corriente.
Comparando el monto de gasto acumulado entre enero y septiembre de 2021, en relación con el mismo período de 2020, el rubro que más se expandió fue el pago de intereses que aumentó $190.7 millones (22 %); seguido de las remuneraciones que tuvieron un incremento de $186.2 millones (8.7 %).
En los primeros nueve meses de 2021 se contrataron $979 millones adicionales de deuda en el SPNF; monto menor que el registrado en ese mismo período de 2020, pero más alto que el que se había alcanzado en 2017 ($669.4 millones).
Una fuente importante del financiamiento utilizada es la emisión de Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES). A partir de agosto, el monto de estos instrumentos de corto plazo ha mostrado una leve tendencia a la baja, pero luego se hicieron nuevas colocaciones y su valor total es de $2,377.5 millones a noviembre.
En parte, es por ello que Ricardo Castenada, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) considera que El Salvador podría cerrar el año con una deuda del 85 % del PIB.
Castaneda explica que en este año, respecto a años anteriores, se ha incrementado la deuda interna, ya que el Gobierno ha estado utilizando más la colocación de LETES y CETES «porque prácticamente no ha podido hacer uso del endeudamiento externo».
Lo anterior se debe a que el Gobierno se había comprometido ha lograr un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y «el tiempo ha pasado y lo que el fondo ha dicho es que lo que ha hecho es en una revisión de la situación económica del país».
Por otro lado, en este año el saldo de la deuda de corto plazo «posiblemente va a superar los $3,000 millones», apuntó.
Tanto el tamaño de la deuda total, como el aumento sustancial del endeudamiento de corto plazo, son factores que son tomados en cuenta en las calificaciones de riesgo soberano del país.
El 30 de julio de 2021, la agencia calificadora Moody´s degradó la nota crediticia de El Salvador de B3 a Caa1. Según las declaraciones de dicha calificadora, las emisiones con esa nota son «especulativas con mala reputación y están sujetas a un riesgo crediticio muy alto».
Adicionalmente, desde el 1 de junio, el riesgo país medido por el EMBI, muestra una tendencia continua al alza. Es evidente que el debilitamiento institucional o mayor endeudamiento, han deteriorado cada vez este índice de riesgo: destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, del Fiscal General de la República, la Ley Bitcóin, entre otros.
FUSADES señala en su reporte que es importante tener presente que el Estado salvadoreño tiene compromisos de largo plazo por $7,538 millones en eurobonos emitidos anteriormente.
De hecho, se contempla un próximo vencimiento por $800 millones para enero de 2023 y para enfrentar este compromiso, el país podría buscar una nueva emisión de eurobonos para cancelarlo; pero, dado el mayor riesgo país (actualmente en 12.75), esta nueva colocación muy probablemente será a una tasa más alta, lo que complicaría aún más las finanzas.
Fuente: El Economista.
