En materia fiscal, las alarmas se han encendido temprano este inicio de 2022. Este jueves, el analista de la calificadora de riesgo Moody’s, Jaime Reusche, dijo a Bloomberg que las operaciones en bitcóin que hace el Gobierno de El Salvador están agregando riesgo a una nota soberana «que ya era débil y refleja una creciente posibilidad de incumplimiento».
Para Reusche, los 1,391 criptomonedas que tiene el Gobierno «ciertamente se suman a la cartera de riesgo y es bastante arriesgado, particularmente para un gobierno que ha estado luchando con presiones de liquidez en el pasado», dijo al medio financiero.
En junio pasado, Reusche había comentado a El Economista, de Grupo LPG, que si la adopción del bitcóin impactaba la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), eso afectaría la calificación del país.
En ese momento El Salvador tenía una nota de parte de Moody’s de B3 con perspectiva «negativa». Un mes después de esa declaración, cuando la calificadora vio que el acuerdo no se concretaba, degradó la calificación del país a Caa1 un escalón más abajo de los llamados «bonos basura».
La definición de la calificadora es que las emisiones con esa nota son: «especulativas con mala reputación y están sujetas a un riesgo crediticio muy alto».
El analista de Moody’s, manifestó a Bloomberg que el riesgo de incumplimiento del país aumentará si el Gobierno compra más criptomonedas.
Además, agregó, sobre la futura emisión de $1,000 millones de bonos que hará en bitcóin próximamente (y las futuras) que, a menos que estas sean bien recibidas, será necesario reestructurar la deuda del país. Esta medida nunca se ha hecho.
Economistas y organismos han advertido que las posibilidades de financiamiento de El Salvador cada vez son menores. Tomando en cuenta que el riesgo país es cada vez mayor y que las multilaterales no prestan para refuerzo presupuestario, al ver que no hay una ruta clara en materia fiscal.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, señaló que, «debido a la situación fiscal, con una creciente deuda pública, y a la incertidumbre generada por la entrada de la Ley Bitcóin, el riesgo país, se ha visto afectado. Lo anterior ha puesto presiones adicionales a las necesidades de financiamiento del país».
Fuente: Prensa gráfica
