Hay hechos que confirman el carácter autoritario y las pretensiones dictatoriales del gobierno de Nayib Bukele, y que deberían advertir sobre la necesidad de revertir esta deriva antidemocrática, especialmente ahora, en vísperas de la conmemoración del 30 Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz.
Uno es la sospechosa inspección del Ministerio de Trabajo, la semana pasada, a La Prensa Gráfica, luego que dicho medio escrito publicara una nota que involucra al ministro Rolando Castro en el otorgamiento de beneficios a miembros de pandillas. Este hecho muestra cómo el gobierno utiliza instituciones y procedimientos legales para tomar represalias, en este caso contra un periódico que publicó información que molestó a un funcionario.
Otro hecho revelador del autoritarismo bukelista es la remoción arbitraria de la jueza Gladys Margarita Salgado, del Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador, quien fue trasladada a un tribunal de Panchimalco, luego de rechazar una demanda de la diputada gobiernista Marcela Pineda contra la investigadora y analista Jeannette Aguilar. Esto significa que cualquier funcionario que no haga lo que el oficialismo quiere “será castigado”.
Y un ejemplo más sería la persecución judicial contra opositores políticos, de los cuales hay tres casos ilustrativos. El primero es el de Berta De León, ex abogada de Bukele y ahora crítica de su gobierno, quien ha sido procesada como victimaria cuando en realidad es ella víctima de la difamación y la misoginia de personeros del bukelismo.
El segundo es el del ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien es mantenido en prisión a pesar de una orden judicial que mandó sacarlo de la cárcel. Es posible que el ex edil arenero sea responsable de los delitos imputados, pero no eso no justifica incumplir la ley y violar sus derechos.
Y el tercero es el de varios ex funcionarios de gobiernos anteriores que han sido enjuiciados por recibir sobresueldos. La acción penal en su contra resulta desproporcionada, tomando en cuenta que la conducta señalada tiene que ver más con la transparencia y la ética que con la legalidad.
Así que la arbitrariedad, el incumplimiento del debido proceso y la desproporción de las acciones judiciales solo se explican con la clara intención de procesar -aun sin justificación válida- a personas que el oficialismo quiere “castigar” o en algunos casos usar como “chivos expiatorios”. Se trata, por tanto, de acciones autoritarias que constituyen inequívocas señales dictatoriales que la ciudadanía no debería permitir.
Editorial Arpas
