Todo país que quiere un futuro digno lo planifica con base en la realidad. Y puesto que la capacidad de acceder a datos objetivos ha aumentado enormemente en esta época, la dificultad de dicha planificación radica más bien en encontrar la voluntad de reflexionar adecuadamente sobre las cifras y estudios con los que se cuenta.
En el caso de nuestro país, abundan los datos sobre la economía, la productividad, la población, los recursos naturales, el mercado laboral y las necesidades educativas. Pero se suele rehuir el estudio de la realidad, prefiriendo prometer y presentar renders de un futuro espléndido sin considerar costos y beneficios. La represa de El Chaparral es un ejemplo. Anunciada a un costo de poco más de 200 millones de dólares, terminará requiriendo el triple. La rentabilidad de la obra quedó en el área de los sueños: pura imaginación.
Sobre todo en lo relativo al desarrollo y la protección social, la planificación nacional es prácticamente inexistente. Una buena muestra se encuentra en el tema del envejecimiento de la población. Los cálculos de la Cepal sobre el incremento de la población adulta mayor en los próximos decenios deberían ser motivo de alerta y de acción. Según el censo de población, en 2020 había un poco menos de 800 mil personas mayores de 60 años; en el año 2050, afirma la Cepal, habrá un millón y medio de personas con esa edad.
Pese a que ese aumento de la población adulta mayor generará nuevas necesidades y problemas, la ausencia de pensamiento y de planificación al respecto es notable. En la actualidad, solo un 25% de la población mayor de 60 años tiene pensión. La Cepal calcula, basándose en datos oficiales, que el porcentaje de mayores de 60 años con discapacidad severa es del 13.2%. En otras palabras, unos 100 mil ancianos padecen un nivel de incapacidad que necesita cuido; dentro de 30 años serán 300 mil.
Los datos disponibles son suficientes para planificar un sistema de pensiones y una economía del cuido que contribuyan a solucionar los problemas que se derivarán del escenario que se avecina. Por desgracia, es casi seguro que nada se hará. La mayoría de quienes tienen dinero velan en exclusiva por sus inversiones y ganancias; los políticos, por la permanencia en el poder. Y cuando miembros de la sociedad civil critican esa incapacidad gubernamental de pensar el futuro y esa tendencia de los poderosos a centrarse solamente en sus intereses, se les ignora o se les ataca sin tregua, buscando desprestigiar a quien alza la voz.
Si no se planifica el futuro, no habrá salida a la violencia, la marginalidad, la corrupción y la vulnerabilidad. La planificación requiere transparencia, realismo y participación ciudadana. Sin ello, los proyectos gubernamentales se reducen a puras promesas o especulaciones. Los pequeños avances que El Salvador ha logrado hasta el presente han tenido como base el diálogo, el estudio y la información. Dejar a un lado ese camino solo llevará al fracaso.
