El experimento del bitcoin está siendo un mal negocio para el Salvador, tanto para las arcas del Estado, que en cuatro meses habrían perdido 22 millones de dólares y, además, se ven dañadas por la menor credibilidad financiera derivada de la adopción de la criptomoneda, como para los ciudadanos que hayan seguido los consejos del presidente Nayib Bukele de comprar unidades de esa divisa o aceptarla en sus transacciones diarias.
El valor del bitcoin se encuentra en su punto más bajo desde que a comienzos de septiembre del año pasado entrara en vigor en El Salvador la ley que lo imponía como moneda de curso legal a todos los efectos, junto con la moneda del país, que es el dólar
El 7 de septiembre, fecha en que comenzaba a aplicarse la ley que establecía el nuevo marco, un bitcoin valía alrededor de 46.000 dólares; a finales de octubre alcanzó los 60.000 dólares, pero desde entonces ha tenido una prolongada caída, alcanzando este último fin de semana los 35.000 dólares.
Como se desconoce el número de bitcoins adquiridos por la ciudadanía, o la parte del ahorro que esta pueda tener en esa criptomoneda –además, el Gobierno no informa sobre el volumen total de bitcoins que se mueven en la plataforma oficial Chivo Wallet creada para las transacciones en la vida diaria–, es imposible determinar cómo se han visto afectados los hogares salvadoreños por la devaluación experimentada. La suerte de cada cual dependerá de la cotización en las fechas de sus movimientos de compra y venta, pero como inversión sostenida se ha demostrado hasta ahora un fracaso.
Bukele defiende que la apuesta traerá ganancias a largo plazo e insiste en que este año un bitcoin puede alcanzar los 100.000 dólares. Las compras a gran escala del gobierno pueden mantener esas expectativas, pero Bukele ha embarcado en la operación a ciudadanos con menos capacidad de espera. El Ministerio de Finanzas asegura que las operaciones de compra con fondos públicos las realiza un equipo de funcionarios; en cualquier caso, es Bukele quien parece tener el mayor protagonismo en las decisiones que se toman al respecto, rodeadas de una opacidad que ofrece un claro margen a la corrupción.
Caída del valor
El gobierno no es, desde luego, transparente sobre el manejo que hace de sus inversiones en Bitcoin. El único que da cuenta es el propio Bukele, en tuits que anuncian compras de moneda con gran fanfarria. Después de que en diciembre algunos medios contabilizaran las pérdidas que esas inversiones están suponiendo a las arcas públicas, el ministro de Finanzas, Alejandro Zelaya, aseguró que algunos de los bitcoins comprados se habían convertido en dólares. Eso no encaja con la apuesta a largo plazo que el Gobierno está haciendo, según Bukele.
Como no hay datos de posibles ventas, los cálculos que pueden hacerse se basan en el volumen total de bitcoins adquiridos, siempre de acuerdo con los tuits del presidente. La primera compra, de 400 bitcoins, se realizó el 6 de septiembre, el día antes de la entrada en vigor de la ley que regulaba su uso: a un precio de 46.811 dólares la unidad, el Gobierno gastó 18,7 millones de dólares. Desde entonces ha comprado en seis ocasiones más: el 7 de septiembre adquirió 150 y otros tantos el 19 de ese mismo mes; el 27 de octubre hizo la mayor compra, 420 bitcoins, justamente cuando el precio se había disparado a más de 60.000 dólares; el 26 de noviembre compró 100, y otros 150 el 3 de diciembre; finalmente el 22 de diciembre, en la última operación, adquirió 21. En total, hasta la fecha y según los anuncios de Bukele, el Gobierno ha comprado 1.391 bitcoins, desembolsando un total de 71,3 millones de dólares (a un promedio de 51.288 dólares por unidad).
Si el volumen de bitcoins en posesión del Gobierno salvadoreño sigue siendo el mismo, su valor total había caído el 22 de enero a los 49,3 millones de dólares, lo que supone una pérdida de 22 millones de dólares respecto al dinero invertido en su compra.
FMI y bonos
Por otra parte, la adopción del Bitcoin ha dañado las perspectivas financieras del Estado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) no siguió adelante con una línea de crédito que negociaba con el Gobierno para que la economía salvadoreña pudiera afrontar mejor la crisis causada por la pandemia. El FMI adujo que la adopción de la criptomoneda introducía falta de transparencia en el sistema financiero nacional. La institución internacional ya había advertido acerca de sus objeciones hacia el Bitcoin antes de que el Gobierno hiciera entrar en vigor la normativa que autorizaba su curso legal.
Además, según informaba recientemente la agencia Bloomberg, la incertidumbre introducida en las cuentas de El Salvador llevó a que sus bonos fueran los que tuvieron menor desempeño del mundo en 2021. El rendimiento de 800 millones en bonos denominados en dólares con vencimiento a enero de 2023 había aumentado a 34% el 11 de enero, frente al nivel de hacía un año, que era menor a 9%. Esto supone unas perspectivas para las arcas públicas de encarecimiento de la deuda que el país pueda emitir en la nueva situación.
Tomada de www.abc.es
