Los problemas de salud en general, siempre han sido un factor negativo para la clase trabajadora en su integración e interacción dentro de la acción laboral; y tiene su afectación como para contribuir a ser una variable sustantiva para cambios estructurales en el modo de producir bienes y servicios, su precariedad económica, profesional y la precarización de sus derechos, lo mantiene en condiciones de bajo nivel de consistencia plena en lo biológico, psicológico y social a tono con los elementos que se conjugan en la realidad económica salvadoreña.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
Y el covid 19, con impactos mayores resultado de esa precaria salud en la que cotidianamente subsiste, y como resultado de un régimen público de salud deficitario y uno privado sin acceso a los sectores populares, que mantiene debilidades estructurales derivado de gestiones gubernamentales a lo largo de la historia que no han superado la realidad de enfermedades crónicas consistentes, la forma de vivir en lugares hacinados, contaminados y desprovistos de control y salud sanitaria, entre otros factores de bienestar sanitario.
Los contagios a partir de nuevas cepas que agravan las condiciones de resistencia al virus, son en mucho el resultado de toda esa lógica de vida que castiga a una buena mayoría de personas trabajadoras. Elementos nutricionales no muy adecuados y sostenibles, la defensa inmunitaria se ha hecho más frágil, eso en pocas palabras se traduce a un régimen de trabajo donde las 44 horas son difíciles de cumplir a cabalidad. Hay personal que aun así es obligado bajo presiones en la manera de organizar el trabajo que implica trabajar más allá de las 8 horas, sin cambios sustanciales en los procesos productivos.
Todo ese cuadro de políticas públicas y régimen de salud pública y privada deficitaria y atrasada que se manifiesta en la realidad, se traduce en agotamientos físicos y mentales, en ausentismo crónico, y represión laboral para tratar de revertir problemas sanitarios de personas trabajadoras, por la limitación y no otorgamiento de permisos para atención de salud, la dificultad de conciliar las necesidades familiares con las laborales (C156-OIT), en consecuencia los contagios se incrementan, los períodos de recuperación son cada vez más largos y sin garantías de un mejor estado de salud. El régimen laboral sigue siendo un factor de impactos negativos en la salud laboral.
No vemos en las reformas laborales una prospectiva que recoja la solución sostenible de este problema y los Comités de Salud y Seguridad Laboral en las empresas, integrados dolosamente o éticamente, no responden por el problema de inexperiencia, dirección escasa y políticas específicas que no orientan hacia un funcionamiento eficiente de estos colectivos empresariales importantes.
En el tema de las reformas constitucionales, hay deficiencias en la generalidad de los contenidos que se elaboraron por la comisión de gobierno, sabemos que hay desventajas para la clase trabajadora en el marco jurídico que se pretende actualizar. Lo cierto es que la de 1983, era una constitución de guerra, que pretendió impedir el conflicto, tratando de que la clase gobernante fueran los partidos políticos, sin embargo, los espacios político electorales estaban agotados y la represión del período 80-83, fue de tal magnitud que no tuvo en su proyección los efectos políticos-sociales para sembrar una nueva lógica económica en la sociedad salvadoreña.
La guerra rompió con la legalidad, y el estado de derecho quedó desfasado, la realidad fue más fuerte y presionó, luego del conflicto las reformas y cambios, con base en los acuerdos de paz, le otorgaron cierto oxígeno que ha ido terminándose e impone cambiar su texto y dar una nueva lógica de sociedad.
Sin embargo, para la clase trabajadora la participación es mínima en este ejercicio, por la manera en que se ha desarrollado la idea, pero llamó a la sociedad a participar y ha mantenido una información colocada en el espacio cibernético del gobierno. El proyecto concluyó y se pasó a la Asamblea Legislativo, donde sabemos no habrá discusión alguna, más tratándose de un instrumento de un peso político-estratégico para la marcha y gestión del actual gobierno, cambiar la ley primaria ha significado en un primer momento adaptar lo que ha desbordado a la legislación actual, y justificado que ya no tiene la viabilidad para un tratamiento dentro de ese marco jurídico, realizando una salida a los problemas de corrupción, abusos, imposiciones, continuidad, cambios forzados sin el debido proceso constitucional, anulación de la independencia de poderes, entre otros aspectos.
Para concluir, el proceso político salvadoreño no ofrece un cambio estructural y los poderes dominantes se consolidan, y los trabajadores/as pierden la oportunidad de alcanzar un bienestar y satisfacción en sus condiciones de vida y de trabajo, a partir de un claro marco jurídico a favor y en pro de sus intereses y derechos laborales y sindicales. Lo que significa una continuidad en la falta de progresividad del derecho laboral, así como de cambios estructurales en la actual economía de subsistencia en que vivimos.
*Sindicalista salvadoreño
