Por: María Josefina Arce
Vuelve a tomar fuerza en Chile el viejo reclamo de una profunda transformación de los carabineros, tras los sucesos del viernes último en los que nuevamente se puso de manifiesto el violento accionar que caracteriza a ese cuerpo policíal.
Brutalmente fueron reprimidas las personas que se concentraron en Plaza Dignidad, en Santiago de Chile, para demandar la liberación de los presos políticos de las multitudinarias protestas de 2019 contra la desigualdad existente en la nación austral, y que tuvieron como detonante el alza del precio del boleto del metro de la capital chilena.
Diputados, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil reclamaron al nuevo gobierno, que preside Gabriel Boric, que tome cartas en el asunto para evitar nuevos episodios de este tipo, violatorio de los derechos humanos de los ciudadanos.
Sobran las razones para esta exigencia. La actuación de carabineros durante el estallido social de hace más de dos años fue más que cuestionable. Más de 2000 denuncias se presentaron contra esa fuerza.
Los agentes dispararon perdigones contra los manifestantes. Como resultado cientos de personas sufrieron distintos daños oculares.
De acuerdo con organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, se reportaron también decenas de fallecidos y tres mil 400 personas fueron hospitalizadas.
Con total impunidad actuaron los uniformados, apoyados por los altos mandos, e incluso por el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera, quien negó que los carabineros tuvieran una política premeditada del uso de la fuerza contra los manifestantes. Pero los hechos están ahí y no se pueden borrar.
Un informe de la ONU concluyó que durante las protestas se registró un excesivo e innecesario uso de la fuerza, que conllevó a muertes, lesiones, torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
Ni Carabineros, ni el ejército, señaló el documento, cumplieron las normas y estándares internacionales respecto al uso de la fuerza.
El cuerpo policíal está además, involucrado en casos de corrupción, procedimientos cuestionados contra comuneros mapuches, como la Operación Huracán, y el asesinato del joven Camilo Catrillanca, también de esa comunidad.
Son hechos que se suman a la larga historia de un accionar violento de ese cuerpo policíal y que se remonta a la sangrienta dictadura del general Augusto Pinochet, a la que esta fuerza estuvo estrechamente vinculada.
Carabineros no se ha despojado de la triste herencia de Pinochet. Lejos de proteger y cuidar a la ciudadanía, se ha dado a la tarea de reprimir. Para los chilenos es urgente una refundación del cuerpo policíal, que ha hecho del empleo de la fuerza una práctica habitual.
