La noche del 21, la ciudadanía cenamos conociendo la denuncia del magistrado del TSE, Julio Olivos, quien subraya la posibilidad de que se esté preparando un fraude electoral para las elecciones de 2024.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Tal afirmación se desprende que no es invitado o incorporado a las actividades del tribunal, desconociéndolas, como tampoco los cinco magistrados suplentes, lo que contradice el ordenamiento legal de dicho tribunal.
El oficialismo no sólo desacredita esta denuncia descalificando su fuente, pero también la justifica, agregando que los cuatro magistrados señalados “pueden realizar estas actividades sin participación del resto», a pesar de lo rezado en el artículo 40 del mismo, que solo reconoce la legalidad de las medidas tomadas, estando presentes la totalidad de los magistrados, y solo se admite la ausencia de aquel que la justifica y es conocida de todos. En este punto vale reseñar un poco de nuestra historia, concretamente lo que concierne a la legalidad de los procesos electorales.
En 1972 el estado salvadoreño practicó uno de los fraudes electorales más descarados de los últimos 60 años, que derivó en una masacre frente a la iglesia del Rosario en la capital, con saldo desconocido de bajas en la ciudadanía, el consecuente exilio de otros, y el inicio de actividades de parte de la insurgencia salvadoreña, por entonces urbana.
También iniciaron sus actividades los infames escuadrones de la muerte, dirigidos por el entonces desconocido mayor Roberto Daubuisson.
Dos años después, estudiantes universitarios protestaron por el fraude al costado del ISSS, concretamente sobre el puente de la 25a, donde los encerró el ejército y la guardia nacional, tanto al poniente como al oriente, siendo masacrados por las unidades uniformadas, sin que hasta ahora conozcamos el número total de asesinados, como el destino de los cadáveres resultantes.
La más absoluta impunidad reina en tan solo estos dos casos citados, asociados con uno solo de los fraudes de nuestra historia reciente.
A propósito que COMADRES, asociación ciudadana de desaparecidos políticos, denunció en los años 80’s que de la masacre frente a la iglesia El Rosario, los asesinados serían 40, y sobre los estudiantes universitarios, AGEUS sostuvo que la cantidad de asesinados rondaría los 100, en ambos casos enterrados probablemente en las faldas del volcán de San Salvador, concretamente en el Playón.
Debemos por supuesto sumar los casos de desaparecidos, es decir personas que fueran sustraídas por las fuerzas del orden, estando vivas y ante testigos, quienes lo denunciaron en su momento frente la Comisión de la Verdad, y sobre los cuales también reina la impunidad y el desconocimiento de su destino.
Es decir, un fraude electoral es el intento ilegal por perpetuar en el poder a cualquiera, que, al naturalizar el desconocimiento de la norma, tampoco tendrá ningún empacho en llegar incluso, por conservar el poder, al asesinato de conciudadanos.
Si el magistrado Olivo tiene razón, debemos la ciudadanía defender la institucionalidad por los medios que ella nos ofrece, lo que a esta altura es casi imposible, pues ya permitimos demasiadas ilegalidades.
Luego levantaremos la cosecha.
*Educador salvadoreño
