De nuevo el Presidente de la República volvió a insistir que ahora si va la reforma al sistema de pensiones, desde el 15 de septiembre pasado ha venido prorrogándose la concreción de algo que tendrá un impacto nacional—desde las declaraciones en el plan Cuscatlán, en referencia a que en la escala, la superioridad la tienen las personas beneficiarias, después el Estado y el último eslabón las administradoras de fondos.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
Preguntamos ¿será así?, estamos seguros que la demanda histórica de quienes llegarán a esa meta muy pronto es la de tener una suficiencia de beneficios, lo que implica que el monto de pensión alcance para cubrir las necesidades de una persona adulta mayor, todos deberíamos saber que un beneficiario de pensión por vejez, viudez o invalidez parcial o total, requiere de mayores atenciones en tanto su vida no ha terminado, o el apoyo financiero de la persona que fallece se pierde o hay una imposibilidad temporal o total para poder laborar, y valerse por si mismo en razón de una afectación física y/o mental.
Pero lo más importante es que se trata de un derecho humano, que debe ejercerse a plenitud en esa fase de la vida a la cual todas las personas habremos de llegar tarde o temprano (la vejez). El sistema de pensiones cuando era administrado públicamente, perdió principios de la seguridad social que lo sustentaban como la universalidad, la solidaridad generacional y salarial.
Disponía de una forma de cálculo sobre la base de los últimos 36 meses, la cotización era en un valor relativamente bajo; y lo más importante era que el requisito mínimo de tiempo de servicio era de 15 años o 750 semanas, siendo también importante alcanzar una tasa de reemplazo (%) del salario, según el tiempo de servicio alcanzado de 30 o 35 años de hasta un 100%.
Todo eso fue modificado con la privatización de los fondos de pensión—impulsado en su momento por el oleaje neoliberal, por la imposición del mercado como regulador de la economía, que dejó de lado y atrás la humanización del trabajo, llevó al deterioro continuo de los derechos humanos, además de alcanzar la apropiación de las instituciones del Estado debilitando la institucionalidad pública en cuanto a los diferentes servicios necesarios para la sociedad.
En el caso del sistema de pensiones—la idea de ARENA, era alcanzar la rentabilidad de los fondos de pensión, sin embargo, al hacerlo a través de la cuenta individual y ya no colectivamente, perdió la fuerza del principio de solidaridad intra generacional e inter salarial.
La realidad económica de la sociedad salvadoreña implica diferencias sustanciales en la posesión y uso de recursos, haciendo que las personas necesiten del apoyo del Estado, así como de grupos que ganan mayor salario y solidariamente contribuyen a grupos humanos que disponen de bajos salarios. La lógica del anterior sistema era la sostenibilidad inter generacional.
Además implicaba que quienes quedaban fuera del sistema de pensiones, el Estado en su función de protección social designaba recursos económicos para cubrir la pensión básica universal, la que tiene a su base dar cobertura a una población adulta mayor que no cotiza y que llega a esa etapa sin apoyo para esa fase de la vida, la cual es una realidad que presenta una alta proporción poblacional, por cuanto el problema de la economía del país representa una alta tasa de desempleo y de sub empleo, lo que se traduce en un problema de ingresos y disposición de un salario con capacidad para cotizar. La idea es disponer de un sistema de pensiones de 3 pilares; el pilar contributivo; el pilar no contributivo y un pilar complementario.
El ante proyecto según declaraciones parece estar listo para llegar a la Asamblea Legislativa, sin embargo, se sabe muy poco del contenido de la reforma, declaraciones del funcionario de Hacienda, da pauta a pensar que la pensión básica universal no se contemplará en la reforma por cuanto expresa no se necesita.
Así también no hay forma de saber que la demanda de los diferentes sindicatos, y quienes realizaron una actividad el pasado jueves 17, haya sido tomada en cuenta en el proyecto de reformas, la demanda social para la Presidencia de la República, implica crear una diferente institucionalidad de protección social y luchar por la nacionalización y el desaparecimiento de las administradoras de fondos de pensión, no obstante la situación del negocio se desconoce el grado de negociación alcanzado por el gobierno Bukele y las dos AFP. Hay que seguir presionando como bloque social a todo nivel ejecutivo, legislativo y sistema de AFP, y poder lograr una reforma que mejore la cobertura; disponga de la suficiencia de beneficios; mejore la inversión y rentabilidad de los fondos; y logre una administración pública.
*Sindicalista salvadoreño
