El Ministro Castro expresó que si asistían determinados grupos sindicales a cierto hotel capitalino, en lugar de movilizarse en el Día Internacional de la Clase Trabajadora, conocerían el proyecto de reforma previsional—la situación más pareció un chantaje como tantos otros en la actual gestión gubernamental, en tanto que no se dio nada sustancial para conocer.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
Y la concurrencia no fue suficiente, más que decir que la reforma previsional posible será discutida con las fuerzas sindicales, para obtener una reforma más atinada.
Sabemos de la situación provocada por la reforma previsional de septiembre de 2017, el favorecimiento del Gobierno de turno y los intereses de las AFP´S, en tanto lo que se hizo fue aumentar la cotización de 13.5 a 15%, reducir un tanto la comisión administrativa a 1.9%. La discusión de una reforma previsional al igual que la de fondo en 1996, tuvieron como elemento común la no discusión, ni el debate equilibrado con los dueños de los fondos previsionales y los representantes de trabajadores (los sindicatos). Por ello la promesa del Ministro.
ARENA y la oligarquía (1996) se apoderaron de los fondos previsionales sin involucrar a sindicatos, pensionados y trabajadores activos y, lo convirtieron en una mercancía, sacaron de la ecuación a quienes no convenía y se repartieron el negocio los grupos oligárquicos para su provecho—formaron 5 AFP´S, la crítica que se hizo fue que el mercado laboral era muy pequeño (poca cobertura), y lo cierto es que de un oligopolio se volvió un duopolio(2), la prohibición de que grupos financieros participaran no fue cumplida y se apoderaron para un interés eminentemente lucrativo, rompiendo con los principios de la seguridad social la universalidad, solidaridad y protección social. Hoy hay inmersos intereses involucrados de grupos financieros nacionales y extranjeros.
Esta lección no fue aprendida y las reglas que se establecieron fue que los jóvenes cotizantes del sistema y las nuevas personas trabajadoras que ingresaran al mismo, se obligaran a afiliarse a las AFP (el nuevo sistema); y el grupo de mayores edades y pronto a alcanzar los requisitos de pensión quedaran registrados en el antiguo sistema (ISSS-INPEP). Sin embargo, existió un grueso de personas que se denominaron optados, y del 100% que tuvieron esa posibilidad el 80% se pasaron al sistema de cuentas individuales.
El problema original de esa transición es que ARENA y la oligarquía aceptaron las directrices y asesorías que implicaban la conversión de un sistema nuevo por otro, y no aceptaron el sistema paralelo—funcionamiento de ambos sistemas uno público para cubrir una pensión básica y un sistema público o privado complementario. Que fue conocido como un sistema mixto.
Esta decisión generó el endeudamiento previsional, que tuvo una salida con la creación del FOP (2006) en la gestión Saca y en concordancia con las dificultades que obligaban a pagar pensiones con la compra de bonos en el 2001 con la gestión Flores, ocasionadas por el desaparecimiento del sistema del INPEP e ISSS. Las causas de la deuda previsional son: El agotamiento de las reservas técnicas, de acuerdo a una valuación realizada en diciembre de 1997, las reservas técnicas contabilizadas sumaban 338.7 millones de dólares y se agotaron en 2001. Entonces, para pagar las pensiones del sistema antiguo, las pensiones mínimas y los certificados de traspaso al sistema privado, el Gobierno aprobó que el resto del dinero se obtuviera de un Fondo de Amortización creado por el Ministerio de Hacienda como un porcentaje (entre 0.5% y 1.5%) del Presupuesto Nacional y con transferencias directas del Ministerio de Hacienda. Entre 2001 y 2004, el Gobierno de Flores vendió bonos por 610.8 millones. El dinero engrosó el Fondo General y se utilizó para pagar pensiones entre 2001 y 2005.
Durante el Gobierno de Antonio Saca se obtuvieron préstamos por 2,786 millones, de los cuales 1,138.4 provinieron del Fideicomiso aprobado en 2006. Y durante el Gobierno de Mauricio Funes continuó el Fideicomiso y los préstamos para pagar pensiones rondaron los 3,000 millones. El 2017 fue un año crítico, en tanto los CIP A sobrepasaron el 45% del valor del fondo, que era el límite establecido por ley. Por ello la reforma en el Decreto 787, implicó paliar el endeudamiento previsional y aliviarse en el gobierno del frente la presión en las finanzas públicas. Eso significó la derrota de los intereses de cotizantes y no cotizantes, la gestión Bukele, no ha retomado el duelo, y en casi tres años, sigue sin abordar el asunto por lo que expresamos mucho ruido y pocas nueces.
*Sindicalista salvadoreño
